Washington, 16 mar (elmundo.cr) – Ante la escasez de mano de obra en el sector agrícola, la administración Trump ha optado por flexibilizar la contratación de trabajadores agrícolas extranjeros, según un análisis de la situación.
Esta medida, que busca paliar los efectos de las políticas migratorias restrictivas y el envejecimiento de los trabajadores agrícolas, ha generado un debate sobre sus posibles consecuencias en los salarios y las condiciones laborales.
La administración, que inicialmente prometió “salarios más altos con mejores beneficios” y una “fuerza laboral 100% estadounidense” tras las deportaciones masivas, ha reconocido discretamente que sus acciones han agravado el problema. En respuesta, ha facilitado a los agricultores la contratación de trabajadores inmigrantes con visas temporales H-2A a un menor costo.
“La economía agrícola se encuentra en una situación difícil, y el presidente Trump está utilizando todas las herramientas disponibles para garantizar que los agricultores tengan lo que necesitan para prosperar”, afirmó Brooke L. Rollins, secretaria de Agricultura.
Muchos agricultores han celebrado estos cambios, que incluyen ajustes en el cálculo de los salarios de los trabajadores con visa H-2A, lo que ha reducido las tarifas por hora en algunos casos. Sin embargo, la medida ha generado oposición tanto de defensores de políticas migratorias restrictivas como de sindicatos.
“Estas medidas van a desplazar a los trabajadores agrícolas nacionales que han estado trabajando en los campos y llevando comida a las mesas durante décadas, y traerán una fuerza laboral aún más vulnerable al abuso”, dijo Teresa Romero, presidenta del sindicato United Farm Workers of America.
El debate pone de manifiesto cómo algunos de los principales objetivos de la administración —reducir la inmigración, mantener bajos los precios de los alimentos y ayudar a los trabajadores estadounidenses— pueden entrar en conflicto.
La reducción de salarios ha motivado una demanda por parte de United Farm Workers of America, que representa a miles de trabajadores agrícolas. El sindicato argumenta que la norma perjudicará a los trabajadores agrícolas estadounidenses al reducir también sus salarios o incluso expulsarlos por completo del mercado laboral.
El economista Philip Martin, profesor emérito de la Universidad de California, Davis, se mostró escéptico ante las afirmaciones del gobierno sobre una inminente escasez masiva de mano de obra agrícola. Independientemente de la justificación, señaló que estas medidas no incrementarían el número de trabajadores estadounidenses en el sector agrícola.
El Congreso también está considerando cambios más profundos en el programa. Un proyecto de ley bipartidista presentado el año pasado simplificaría el proceso de solicitud, reduciría los costos y lo extendería a empleadores con contratos anuales que actualmente no cumplen los requisitos, como los productores lecheros.
