San José, 21 mar, (elmundo.cr)- La Comisión de Gobierno y Administración aprobó la tarde de ayer el texto de Ley de Navegación Acuática, expediente 18.512, en el cual se plantean mejoras para aumentar la seguridad de la navegación al fortalecer los controles sobre las embarcaciones nacionales y extranjeras, así como de sus tripulantes; así mismo, promueve beneficios ambientales como la prevención de la contaminación acuática.
Para la diputada Silvia Sánchez Venegas, presidenta de la Comisión que resuelve este tema esta aprobación es un logro importante para Costa Rica pues en la actualidad se ” carece de una ley que sancione adecuadamente no sólo las irregularidades que suceden durante la navegación y el transporte marítimo, sino también que permita mejorar acciones de fiscalización y prevención de las Instituciones que le son competentes, como la División de Seguridad Marítimo Portuaria y Guardacostas”.
Luego de seis años de haber estado en discusión este proyecto de ley, la Comisión de Gobierno dictaminó de forma positiva una ley que contemple la regulación de las vías de comunicación por agua, la navegación y de todos los servicios que se presten en ella así como todo lo relacionado con el transporte marítimo.
“El texto aprobado es consensuado con los sectores vinculados y moderniza las competencias propias de una administración marítima, plantea mejoras y aumenta la seguridad de la navegación, fortalece controles sobre embarcaciones nacionales y extranjeras y de sus tripulantes, promueve beneficios ambientales como la prevención de la contaminación acuática y establece sanciones administrativas en casos como: cabotaje o transporte ilegal, abandono de embarcaciones navales, fraude de uso ilegal de combustible, navegación sin título de competencia entre otros” manifestó Sánchez.
La legisladora destacó que “este órgano legislativo mediante el diálogo logra un consenso importante entre la División Marítimo Portuaria del MOPT con el sector pesquero nacional artesanal, realizando en el texto aprobado una diferenciación en las sanciones administrativas del resto de buques y/o artefactos nacionales, con lo anterior se logra adecuar dichas sanciones a la realidad socioeconómica de nuestro país y del pescador nacional en relación con la realidad de flotas de otros países”.
