San José, 9 set (elmundo.cr) – Diez federaciones municipales podrían recibir ₡476 millones producto de la redistribución de los recursos de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico (Ley 9047) la cual reparte al año ₡951 millones entre solo 4 entidades vinculadas al régimen municipal.
De esos recursos, la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y el Instituto de Formación y Capacitación y Municipal de la UNED reciben cada uno el 40% (380 millones cada uno por año). El restante 20% se lo llevan en partes igual (95 millones cada uno) la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias de Costa Rica (ANAI) y la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas (RECOMM).
Históricamente, las federaciones se excluyeron de esta distribución de recursos a pesar de que son pioneras en la tarea de representar y apoyar a las municipalidades, especialmente a las más pequeñas, de zonas alejadas.
El proyecto de ley con el expediente 22,056, presentado por los diputados socialcristianos Rodolfo Peña y Erwen Masis, propone una redistribución de estos recursos con el fin de impactar directamente en la gestión municipal de más cantones.
A criterio de Masis, este proyecto plantea una redistribución más justa e igualitaria de los recursos. El objetivo es incorporar a las federaciones dentro del financiamiento que brinda esta ley al régimen municipal para que le den un uso más eficiente y transparente.
«El proyecto propone que todas las entidades que reciban los recursos deberán presentar un informe de ejecución y de resultados cada año a la Comisión de Asuntos Municipales. De esta forma subsanamos una grave deficiencia de la ley actual la cual no pide cuentas del impacto y manejo de los recursos que han venido recibiendo organizaciones como la UNGL, UNED, ANAI y RECOMM», señaló el legislador.
Asimismo, el diputado explicó que la naturaleza por las que fueron creadas las federaciones, les permite conocer mejor las necesidades y problemáticas que enfrentan las municipalidades que comparten territorio.
«A esta lógica se le suman las dudas y señalamientos respecto al uso y manejo de estos recursos por parte de la Unión de Gobiernos Locales (UNGL). Sólo esta organización recibe anualmente de este impuesto aproximadamente ₡380 millones los cuales consideramos pueden tener un mejor uso en beneficio de las comunidades», agregó el diputado.
Por su parte, Masis aclaró que la iniciativa de ley se presentó antes del anuncio de la estampida salida de varias municipalidades de la UNGL por los elevados costos de afiliación, entre otros.
«Después de un análisis concluimos que redistribuir los fondos y entregarlos directamente a las federaciones sería de más impacto que lo logrado hasta ahora por medio de afiliaciones cara. No se trata de un impuesto nuevo, ni del cambio de un sector por otro. Mantenemos la intención de la ley que es impactar positivamente el régimen municipal», mencionó.
Finalmente, es importante destacar que con estos recursos las federaciones municipales podrán enfrentar desafíos comunes de sus cantones por medio de convenios y acciones conjuntas para combatir problemáticas como la inseguridad, la gestión de residuos, el manejo del recurso hídrico con visión de cuencas hidrográficas y ordenamiento territorial, entre otros.
