San José, 9 dic (elmundo.cr)-El viceministro de Trabajo, Luis Emilio Cuenca Botey, confirmó que el futuro de la Junta Interventora del Infocoop será una decisión del Gobierno que asuma funciones el próximo 1° de mayo.
“Eso va a ser decisión del próximo Gobierno (si la Junta Interventora continúa o si establece una Junta Directiva como dicta la ley). Porque la ampliación del decreto, es una ampliación que le dice al próximo gobierno: usted decida si mantiene o no mantiene la intervención”, explicó el viceministro Cuenca.
La principal razón con la que Cuenca Botey argumenta que no se podrá terminar la intervención antes del 30 de abril, es porque no se pudo contratar rápido la auditoría forense que investiga, específicamente, créditos y casos denunciados.
Las declaraciones de Cuenca, que además fue designado como vocero del tema, contrastan con los argumentos que dio el Poder Ejecutivo el 14 de noviembre cuando firmó el decreto de ampliación hasta por siete meses.
En aquel momento se dijo que el aumento del plazo de la intervención fue porque el Consejo de Gobierno “considera necesario que se termine el proceso y las tareas consignadas a la Junta Interventora en el Decreto Ejecutivo N°40214-MP- MTSS”, según un boletín de prensa del Infocoop colgado en su sitio web.
La Junta Interventora deberá rendir un amplio informe a finales de marzo del 2018, es decir a un mes de que acabe el cuatrienio de la administración Solís Rivera, lo cual sería el quinto informe del órgano.
“Al consejo lo que se le ha explicado es que se necesita terminar el trabajo que tiene que ver con los hallazgos y que tiene que tiene que ver con la modernización del Infocoop. ¿Por qué? Porque no nosotros no pudimos contratar tan rápido como queríamos la auditoría forense, (…) y entonces hubo ciertos atrasos y terminar la intervención sin terminar la auditoría forense y sus conclusiones, era a todas luces inconveniente”, añadió el viceministro.
Con respecto a los informes anteriores, el viceministro de Trabajo detalló que se encontraron ciertas debilidades y anomalías en el Infocoop que le costaron a la institución casi ₡25 mil millones, como pasar de una base contable que “no era la mejor” a una con normas financieras internacionales.
“Eso es enorme, es una pérdida gigantesca y es una pérdida que hubiera podido ser evitada si no se hubiera escondido el modelo de cálculo del deterioro que se había presentado desde el año 2013 y que decidieron, no sabemos porqué razones, eso está en investigación, decidieron nunca elevarlo a junta y nunca utilizarlo. Eso es muy grave, eso son prácticamente $50 millones”, aseveró Cuenca.
De acuerdo con la explicación del viceministro, la Junta Directiva del Infocoop debe establecerse una vez modificiada la ley que fortalezca la institución para evitar operaciones irregulares que compromentan los fondos.
“Los problemas de malos manejos que se han dado en Infocoop vienen de portillos y una gobernanza definida por ley que es muy deficiente. Entonces la ley trae en sí el problema. Y si usted no corrige la ley, eso le habla Luis Emilio Cuenca como experto en control, no el viceministro; digamos si usted no corrige la ley, usted siempre va a tener la posibilidad de que llegue un grupo dirigencial cooperativo a servirse y no a servir”, dijo.
La intervención al Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop) se aprobó vía decreto el 28 de febrero anterior por un informe de la Controlaría General de la República del 2010, además por denuncias que en un inicio se manejaron anónimas, pero que luego se publicó que los denunciantes se identificaron.
En ese momento, la firma del presidente, Luis Guillermo Solís Rivera, permitía al Gobierno y al sector cooperativo intervenir el instituto por nueve meses, pero en noviembre pasado el plazo se amplió hasta por siete meses más.
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Hoy el mayor reto que tiene el Ejecutivo, es encontrar personas de alto nivel profesional y con experiencia cooperativa que pueda frenar la fuga de miembros de la Junta Interventora, puesto que Édgar Quirós, quien fue secretario del órgano hasta el 28 de noviembre, y Ana Luisa Calvo renunciaran a sus puestos.
El viceministro de Trabajo etiqueta la situación como difícil, puesto que ninguna de las personas de la junta reciben dietas o salarios.
