San José, 28 set (elmundo.cr) La empresa constructora MECO a cargo del viaducto de Paso Ancho, además de haber sido indemnizada por ₡339 millones, también tiene en trámite un monto de ₡450 millones ante el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), debido a rezagos en el traslado de servicios públicos.
La obra fue adjudicada a la compañía a mediados del 2013 por casi ₡5.000 millones. En ese sentido, de proceder el segundo reclamo, la entidad pagaría cerca de ₡800 millones; un 16% más del costo inicial. LEA TAMBIÉN: Conavi paga más de ₡300 millones a MECO por rezagos en Paso Ancho
La firma ya fue indemnizada días atrás, debido al reclamo de costos indirectos y utilidad por la falta de acceso a terrenos necesarios para la construcción de las obras (expropiaciones).
“Se trata del mismo reclamo inicial pero que se tramitó en dos partes por tratarse de otros cobros por atrasos en reubicación de servicios públicos”, acotó la empresa.
En conversaciones previas con EL MUNDO, el ingeniero de la Unidad Ejecutora del Conavi, Kenneth Solano, aseguró que esto forma parte del equilibrio contractual, donde no se puede obligar al contratista (MECO) a lo imposible. “Hay un pendiente también que estamos en el proceso de resolver, pero ellos lo presentaron después”, explicó el ingeniero.
Solano reconoció que en el caso del paso a desnivel de Paso Ancho, el Conavi dio el banderazo de inicio para meter presión y así poder expropiar, justamente en ese afán de ejecutar el préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“Había que ejecutar proyectos, meter presión en las expropiaciones para que se hicieran lo más rápido posible, y si uno se pone a ver, se logró, porque se hicieron expropiaciones en tiempo récord”, sostuvo el funcionario de la institución.
Durante una entrevista con este medio de comunicación, el coordinador del Programa de Infraestructura del Transporte (PITRA) del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), Luis Guillermo Loría, señaló que al parecer al Conavi “no le duelen los proyectos y piensan en tratar de inaugurar, pero lo que es la operación y el mantenimiento les cuesta mucho”.
Evalúan sanción al contratista
Más allá del problema con las expropiaciones, el proyecto también sufrió un atraso en su entrega por fallas detectadas desde octubre de 2015; fecha en que tenía que ser entregado el viaducto a la Administración.
En ese año, la empresa fiscalizadora Ginprosa identificó grietas, fisuras en los aisladores sísmicos, pandeos en estructuras metálicas, fracturas en el concreto y problemas con los anclajes.
Mientras que el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales dio a conocer dos informes al Conavi donde se señalaban no conformidades: uno en junio y el otro en octubre de 2016.
En cuanto a sanciones por esa situación, la entidad le solicitó a la supervisora del proyecto (Ginprosa), el levantamiento de los incumplimientos del contratista. Por el momento está pendiente el informe respectivo, para proceder al trámite de aplicación de sanciones.
“Por otro lado, existe una retención de 2% por calidad de obra, la cual se realizan a todas las facturas de obra tramitadas hasta el momento por parte del Constructora MECO S.A; este monto no ha sido devuelto y la garantía de cumplimiento (por 5 años) se encuentra vigente por un monto de 647 millones de colones”, detalló la Unidad Ejecutora del Conavi.
Según la empresa, ese 2% retenido por Conavi forma parte de una garantía que se libera una vez que se entregue la obra, incluyendo el proyecto de mejoramiento pluvial en la comunidad de Los Olivos.
Cabe señalar que, pese a la existencia de documentos donde se destacaban deficiencias en la obra, el gobierno anunció regocijante la apertura del paso a desnivel, en agosto del año pasado. Como consecuencia de la premura, el 18 de junio de 2017, se desprendió una platina en una de las juntas de expansión y hubo un cierre parcial de 3 días. LEA TAMBIÉN: Coordinador del PITRA de Lanamme: “A la política le interesa cortar cintas”
MECO estaba al tanto de que las reparaciones debían llevarse a cabo, incluso, dijo tener numerosas correspondencias con la Administración, acordando el cambio de las juntas de expansión.
Pese a ello, las anomalías no se corrigieron a tiempo producto de una estrategia del gobierno, que pretendía no afectar el tráfico vehicular sin terminar primero el puente Alfredo González Flores (conocido como La Platina).
El vicepresidente de la compañía, José Alfredo Sánchez, endosó la responsabilidad al gobierno tras abrir el viaducto a circulación, a pesar de que habían trabajos por terminar y que no son visibles al usuario, relacionados con el drenaje en Barrio Los Olivos y Zorobarú.
El proyecto también se amplió para intervenir el desfogue pluvial, que la Municipalidad de San José habría desatendido por más de 20 años. Por esa razón, el Conavi destinó otros $3 millones como parte de las políticas ambientales del BID y de la responsabilidad de la institución.
A la fecha, MECO lleva a cabo la sustitución de las juntas de expansión de los puentes que conforman el paso a desnivel. La entrega definitiva de la obra estaría para el 30 de setiembre, según indicó Sánchez, en una entrevista en exclusiva con EL MUNDO.
