San José, 18 feb (elmundo.cr) – El Juzgado Penal de Hacienda y Función Pública resolvió el pasado 15 de febrero por medio de un sobreseimiento definitivo, al exministro del Deporte, Hernán Solano Venegas, por el supuesto delito de peculado de uso.
La decisión del Juzgado se basa en la solicitud de la fiscala Marianela Zamora Pérez, de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, emitida de forma escrita.
En 2019 ingresó a la Procuraduría de la Ética (PEP) una denuncia anónima contra el señor Hernán Solano, cuando ejercía como Ministro del Deporte, por el aparente uso indebido de un vehículo institucional del Instituto Costarricense de la Recreación y el Deporte (Icoder), en una gira de seguimiento de proyectos implementados en regiones indígenas en Talamanca, Limón.
La PEP realizó la denuncia ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y en el Tribunal Penal, tras la revisión de los expedientes y del proceso, la causa penal por el supuesto delito de peculado de uso fue sobreseída de manera definitiva, según consta en la certificación emitida por el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José, determinando que no hubo delito cometido por parte de Solano Venegas.
El exministro señaló que “mi conducta como funcionario durante mis 18 años en la función pública se ha apegado en todo momento a los postulados de transparencia, rendición de cuentas, honradez, rectitud, respeto, discreción, integridad, imparcialidad, lealtad, espíritu de servicio y buena fe. Con esto se cierra irrevocablemente la causa por la que se me perseguía y ratifica mi inocencia”.
Christian Arguedas, abogado defensor indicó que “luego que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción determinara que no había delito alguno que perseguir, no hay acción típica jurídica y culpable, es decir, que no había ninguna violación a un bien jurídico tutelado por la norma penal, consideró que no había base suficiente ni siquiera para plantear una acusación”.
“El exministro se comportó siempre ajustado al derecho y no violentó ninguna de las normas que protegen la probidad de funcionarios públicos como lo había señalado la Procuraduría General de la República. De esta manera, el juzgado acogió en su totalidad la solicitud de sobreseimiento definitivo y el caso quedó absolutamente concluido”, concluyó.
