San José, 25 mar (elmundo.cr) – El gobierno presentó un proyecto de ley que busca recuperar el control de la riqueza atunera, generar recursos que ayuden a mejorar las pesquerías y contribuir con el desarrollo sostenible de la pesca en Costa Rica.
Además, el presidente de la República, Carlos Alvarado y el ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Renato Alvarado, firmaron un decreto (Nº41635-MAG) que establece la metodología que determina el valor y la cantidad anual de licencias para pesca de atún en la Zona Económica Exclusiva del Pacífico costarricense.
El mandatario indicó que “el gobierno de Costa Rica ha dado prioridad a la reforma del sector pesquero para mejorar la situación de las poblaciones que dependen de la pesca y buscará alcanzar esta meta con la introducción de una serie de acciones, como una mejor gestión del sector, de la capacidad institucional y la creación de un entorno empresarial propicio para la participación del sector privado”.
La iniciativa propone eliminar las licencias gratuitas, formalizar los criterios para establecer el canon y regula que la totalidad de las capturas sean descargadas en Costa Rica.
También establece que los barcos atuneros cerqueros de bandera nacional o extranjera no podrán ejercer actividades en las áreas marinas en las que esté vedada la pesca o en la zonificación definida por el Estado.
Mediante este proyecto no será permitida la pesca de atún con buques cerqueros dentro de las primeras 60 millas náuticas medidas desde la línea base de la costa y, sin excepción, ningún barco atunero cerquero que pesque con licencia en aguas jurisdiccionales de Costa Rica o con capacidad asignada de pesca costarricense podrá realizar pesca sobre plantados.
Este decreto reglamenta el artículo 49 de la Ley de Pesca y Acuicultura, firmado este lunes, y establece un cambio en la metodología para determinar la cantidad anual de licencias para pesca de atún mediante redes de cerco, el valor de dichas licencias y la disponibilidad de materia prima para la industria atunera nacional.
Además, instaura un proceso de subasta pública para la entrega de esas licencias, con el fin de garantizar transparencia y efectividad en su distribución.
Con el nuevo modelo de estimación se determinará el costo de licencia de pesca con red de cerco y se garantizará la disponibilidad de la materia prima para la industria nacional, con un valor de retribución por la explotación de un bien perteneciente al Estado y el ingreso que requiere el Incopesca para su funcionamiento.
“El objetivo es asegurar la sosteniblidad de la actividad, propiciar mejoras en beneficio de los sectores involucrados en la captura, procesamiento y comercialización del atún, así como impulsar el desarrollo socioeconómico del país”, indicó Alvarado.
Por su parte Moisés Mug, presidente ejecutivo del Incopesca comentó que “los recursos oceánicos o pelágicos, como el atún aleta amarilla, tienen un papel estratégico clave pues han impulsado una industria procesadora nacional. Pero históricamente han sido poco usadas por los pescadores nacionales ante la competencia que tienen con flotas cerqueras extranjeras que pescan en aguas costarricenses mediante licencias, desembarcando solo una pequeña fracción de sus capturas en Costa Rica”.
“Las modificaciones buscan mejorar las condiciones de pesca de atún para flotas nacionales y un mayor beneficio al país del acceso a este recurso”, aseguró Mug.
El ministro del MAG expresó que el cambio de este modelo devolverá al país el control sobre su riqueza atunera y generará los recursos que ayuden a mejorar las pesquerías.
“Mejorar la gestión de la pesca de Costa Rica, buscando la sustentabilidad en el uso de los recursos, aumentará las oportunidades de desarrollo económico que el sector pesquero puede proporcionar al país y a las comunidades costeras y contribuye a la resistencia de este sector al cambio climático”, concluyó.
