San José, 29 nov (elmundo.cr) – El diputado del Liberal Progresista, Jorge Dengo, señaló que para su fracción la resolución de la Sala Constitucional sobre el principio de territorialidad en materia fiscal violenta la Seguridad Jurídica de los costarricenses.
“Este fallo es como bofetada a un principio elemental de seguridad jurídica y no solo afecta a los contribuyentes, sino que se convierte en un obstáculo enorme para a la inversión extranjera”, aseguró Dengo.
Para el legislador “la resolución pone al descubierto el desconocimiento total de los magistrados de esta Sala sobre la materia en discusión y sobre principios elementales de derecho”.
Dengo explicó que “desde la Asamblea Legislativa hay que mandarle a la Sala Constitucional, al Poder Judicial y al Ministerio de Hacienda un fuerte mensaje aprobando el proyecto de interpretación auténtica del principio de territorialidad, el cual presentamos desde junio a la corriente legislativa bajo el expediente 23,187”.
“Con esta propuesta de Ley se deja claro que la aplicación del Impuesto Sobre la Renta se hace sobre las ventas, ingresos o beneficios de fuente costarricense, provenientes de servicios prestados, bienes situados o capitales en el territorio nacional, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 de la Constitución Política donde se detallan los límites geográficos del país, independientemente del origen de los bienes o capitales, o el lugar de negociación sobre los mismos”, agregó.
Dengo enfatizó que “es potestad exclusiva de la Asamblea Legislativa hacer la interpretación auténtica de normas que en el pasado fueron aprobadas y que su aplicación ha ido en contra del espíritu que tenía el legislador cuando está fue avalada, así lo señala en su artículo 121 la Constitución Política”.
“La iniciativa presentada busca brindar certeza y seguridad jurídica en la aplicación de la Ley 7092 Ley del Impuesto sobre la Renta, ya que se aclaran conceptos dudosos y se precisa el verdadero sentido de la normativa, la cual ha sido aplicada de forma inconsistente por parte de autoridades tanto administrativas como judiciales”, concluyó.
