Alajuela, 09 may (elmundo.cr) – Después de casi seis años de proceso judicial, el Tribunal Penal de San Ramón de Alajuela absolvió este miércoles a las cuatro personas estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) que fueron detenidas en noviembre de 2019 por manifestarse pacíficamente sobre la carretera Interamericana Norte, a la altura de Santiaguito.
Las y los jóvenes fueron acusados por el supuesto delito de obstrucción de la vía pública, pero el tribunal determinó que su accionar formó parte del legítimo ejercicio del derecho a la protesta. La sentencia absolutoria fue emitida a altas horas de la noche del 6 de mayo.
Durante la lectura del fallo, la jueza hizo referencia a la resolución de la Sala Constitucional de agosto de 2023, en la que se aclaró que el artículo 263 bis del Código Penal —que sanciona la obstrucción de vías públicas— no debe aplicarse para criminalizar manifestaciones pacíficas ni restringir el derecho de reunión. Esa interpretación resultó clave para sustentar la absolución, según explicó el equipo de defensa.
El abogado Edgardo Araya, representante legal de las personas acusadas y quien presentó una acción de inconstitucionalidad contra dicho artículo en diciembre de 2019, calificó la sentencia como un hito en la historia del movimiento social costarricense.
“Se ha reafirmado que el derecho a la protesta no es un delito. Protestar en la calle es ejercer un derecho democrático. Esta sentencia va a marcar un antes y un después para la democracia de la calle”, expresó Araya, visiblemente emocionado tras la lectura del fallo.
El caso se originó durante un ciclo de manifestaciones estudiantiles que se extendieron por todo el país en el segundo semestre de 2019. Estudiantes de la UCR, la Universidad Nacional (UNA) y otras instituciones realizaron tomas de edificios universitarios y marchas en defensa del presupuesto y la autonomía de la educación superior pública. La detención de las cuatro personas se produjo durante una protesta pacífica en la carretera, en un contexto de movilización nacional.
En su declaración conjunta posterior a la absolución, las personas estudiantes expresaron su gratitud:
“Agradecemos profundamente a todas las personas, organizaciones y medios que han acompañado este proceso con solidaridad y firmeza. Y especialmente a Edgardo Araya, por su defensa ética, comprometida y solidaria. Con la dignidad y la conciencia tranquilas, seguimos de pie”.
La decisión del tribunal ha sido celebrada por organizaciones estudiantiles, colectivos de derechos humanos y sectores académicos que han seguido el caso desde sus inicios. La resolución refuerza la jurisprudencia que reconoce la protesta como un derecho constitucional, no como un acto delictivo.
