San José, 11 jun (elmundo.cr) – El Quinto Informe Estado de la Justicia, elaborado por el Programa Estado de la Nación (PEN-CONARE), lanza una advertencia categórica: el Poder Judicial enfrenta una ofensiva política sin precedentes en la historia democrática reciente del país.
Según el informe, en el periodo 2021-2024 se han documentado embates constantes y de alto riesgo institucional, provenientes principalmente de actores del Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. Estos ataques no se limitan a la crítica legítima de una democracia funcional, sino que buscan “debilitar el sistema constitucional de controles legales sobre la gestión pública y erosionar la legitimidad de la independencia judicial ante la ciudadanía”.
“La persistencia, intensidad y variedad de estos ataques no tienen precedentes desde el establecimiento de la democracia liberal en la segunda mitad del siglo XX”, sostiene el informe.
Entre las tácticas señaladas están la manipulación del presupuesto judicial, presiones indebidas para nombramientos o destituciones de magistraturas, propuestas legislativas que atentan contra la independencia institucional y ataques personales hacia funcionarios judiciales.
“Socavar al Judicial reduciría garantías a personas, empresas, organizaciones y centros académicos, pues las agresiones podrían quedar impunes”, advierte el documento.
La publicación también advierte que debilitar al Poder Judicial equivale a debilitar la democracia costarricense, ya que se pone en riesgo la única institución que puede someter al poder político al imperio de la ley.
