San José, 23 oct (elmundo.cr) – La Dirección Jurídica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) determinó que ni la presidenta ejecutiva de la institución, Marta Esquivel, ni la gerente general, Marielos Gutiérrez, deben recibir salario mientras estén suspendidas de sus cargos por seis meses, medida impuesta por el Juzgado Penal de Hacienda.
El pasado 10 de octubre, el tribunal ordenó la suspensión de Esquivel, Gutiérrez y tres miembros de la junta directiva de la Caja —María Isabel Camareno, Johnny Alfredo Gómez y Zeirith Rojas— en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el caso “Barrenador”, que involucra adjudicaciones de contratos a cooperativas y asociaciones vinculadas al hospital Clínica Bíblica.
El criterio de la Dirección Jurídica de la CCSS se fundamenta en la jurisprudencia de la Sala Constitucional, que establece que, al igual que durante la prisión preventiva no se paga salario debido a la imposibilidad de asistir al trabajo, tampoco debe hacerse durante otras medidas cautelares que impidan al funcionario cumplir con sus labores.
En el oficio GA-DJ-08518-2024, enviado el 17 de octubre al director de administración y gestión de personal de la Caja, Walter Campos, se enfatiza que la posición de la Sala Constitucional es vinculante y está respaldada por otras instituciones como la Procuraduría General de la República y la Contraloría General de la República.
Las medidas cautelares dictadas a los cinco altos funcionarios se extenderán hasta el 6 de abril de 2025, en el contexto de una investigación del Ministerio Público que indaga sobre la posible creación de un sistema para beneficiar a cuatro cooperativas y a Asemeco, administradoras de 138 EBAIS.
