San José, 18 jun (elmundo.cr) – Un grupo de veinticuatro arqueólogos enviaron una carta a la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) preocupados ante la aprobación del borrador del nuevo “Reglamento de Evaluación, Control y Saneamiento Ambiental” propuesto para cambiar la forma de funcionamiento de esta entidad.
Según los arqueólogos los umbrales ambientales planteados en este nuevo reglamento permiten calificar obras de construcción de menos de 9000m² y a otras obras, actividades y proyectos que no poseen una dimensión por área como de “bajo o muy bajo impacto ambiental”.
Este umbral ambiental exime de inspecciones previas los terrenos donde se construirá infraestructura. Esto significa que construcciones de magnitudes similares a la de la Plaza de la Democracia en San José estarían exentas de cualquier inspección previa para verificar si hay o no elementos indicadores de existencia de ocupaciones precolombinas.
La arqueóloga Ifigenia Quintanilla señaló que “el reglamento actual contempla la obligatoriedad de realizar inspecciones en obras con áreas que sobrepasen los 1000m², con ello se logra la identificación oportuna de cientos de sitios arqueológicos previo al desarrollo de obras y, con esto, el salvamento de una parte importante del patrimonio nacional arqueológico. El nuevo reglamento dejaría sin protección a gran cantidad de áreas al pasar este umbral a una amplitud nueve veces más amplia”.
La base de datos del Museo Nacional tiene registrados más de 4 000 sitios arqueológicos y solo seis de ellos tienen protección formal. El resto, un 99.9 %, de los sitios arqueológicos no tienen ningún tipo de protección, ni cuido ni mantenimiento.
Los arqueólogos enfatizaron que la obligación de cumplir con los procedimientos de la Setena ha sido fundamental para detectar sitios arqueológicos a impactar por las obras de infraestructura. Gracias a esto, se han podido realizar labores de rescate y de protección que en otras circunstancias no se hubieran dado.
La Ley 6703 de Patrimonio Nacional Arqueológico sólo contempla el rescate y la protección cuando se ha producido un hallazgo al realizarse obras de infraestructura, es decir se hace el rescate cuando el patrimonio ya fue afectado por movimientos de tierra o, cuando ya no se puede dar marcha atrás en las construcciones y hay que hacer un rescate de emergencia.
Con el cambio en el reglamento de la Setena se agudizará esta situación al quedar fuera de los protocolos de inspección previa gran cantidad de proyectos situados en el umbral de “muy bajo o bajo impacto ambiental”.
Los investigadores indican que dejar la protección y salvaguardia de una buena parte del patrimonio cultural del país bajo la premisa de la buena fe de los desarrolladores de proyectos es una irresponsabilidad del Estado Costarricense.
“Nuestra experiencia sabemos que esto se dará en muy pocos casos y dependerá del grado de conciencia de los desarrolladores informar, o no, el hallazgo. Esta situación representa un retroceso para la protección del patrimonio arqueológico nacional”, agregan.
Además, comentan que con el cambio de reglamento de la Setena se incumplen una serie de convenciones internacionales, como la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial ratificada en 1977.
Por su lado la Federación para la Conservación de la Naturaleza (Fecon) también manifestó su preocupación en febrero anterior por la reforma al reglamento de Setena y lo calificó de regresivo en materia de protección ambiental.
A su vez, la Defensoría de los Habitantes ha acogido las denuncias de los ambientalistas y recomendó al Minae y Setena acatar las observaciones de los ecologistas.
