San José, 25 may (elmundo.cr) –La Defensoría de los Habitantes sugirió a las autoridades de la Dirección General de Aduanas realizar un escaneo de todos los contenedores de piña orgánica que salen del país, como parte de las acciones que el país debe implementar, máxime que recientemente, la Defensoría solicitó al MAG reabrir una investigación ante denuncias interpuestas en el 2018 y 2019 por Canagro relacionada a tres casos puntuales relacionadas con la producción, fiscalización, comercialización y exportación de esta piña de la zona de San Carlos que, al parecer, se trataba de producto convencional.
Para la Defensoría es importante que Aduanas realice este monitoreo mediante el escaneo del producto no solo tomando en consideración los resultados de la investigación que realizó la institución sino también en relación a noticias que han sido del conocimiento público en torno al decomiso puntual en territorio nacional e internacional de mercadería procedente de Costa Rica contaminada con elementos ilícitos. Para la Defensoría es importante conocer un reporte de Aduanas sobre las acciones que se vienen implementando al respecto.
La Defensoría investigó las denuncias administrativas presentadas por la Cámara Nacional de Agricultura Orgánica por aparentes anomalías en la operación de una agencia de certificación en agricultura orgánica y otra relacionada con dos empresas acreditadas por el Estado como operadoras orgánicas.
Para la Defensoría es necesario que el MAG reabra las indagaciones de estos casos para saber realmente qué fue lo que sucedió y además que se informe de los resultados de las coordinaciones oficiales que se hayan realizado con el Ministerio de Comercio Exterior y la Embajada de los Estados Unidos sobre lo acontecido alrededor del ingreso de piña orgánica al mercado estadounidense, sin contar en esa oportunidad, al parecer con los requisitos dispuestos en el ordenamiento jurídico costarricense.
Una copia del informe de la Defensoría sobre este caso fue remitido a la Procuraduría de la Ética Pública y a las autoridades del Ministerio Público para lo que corresponda.
La Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, señaló que “la integridad de los sectores productivos debe ser garantizada por el Estado y sus instituciones, para la salvaguarda de cientos de agricultores honestos que ven afectada su imagen empresarial y patrimonio, al ser vulnerables sus productos de exportación ante filtraciones indebidas por parte de grupos criminales que, al usarles de fachada, afectan su credibilidad internacional y su derecho al trabajo digno”.
