Consejo Universitario de la UNA rechaza proyecto del gobierno para regular distribución del FEES

Heredia, 7 oct (elmundo.cr) – El Consejo Universitario de la Universidad Nacional (UNA) rechazó categóricamente el proyecto del presidente de la República, Rodrigo Chaves, que busca regular la distribución del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

Chaves fue claro en que «la sociedad costarricense apoyamos la transferencia, sin embargo tenemos dudas, preguntas sobre el uso efectivo de esos recursos en las diferentes universidades».

Según el Consejo Universitario de la UNA este proyecto violenta la potestad otorgada por la Constitución Política, en los artículos 78, 84 y 85.

Además explicaron que sobre la distribución del FEES, el artículo 85 especifica lo siguiente: “El Banco Central de Costa Rica administra ese fondo y, cada mes, lo pondrá, en dozavos, a la orden de las citadas instituciones, según la distribución que determine el cuerpo encargado de la coordinación de la educación superior universitaria estatal”.

“Es imperativo destacar que la distribución y la ejecución del FEES se realiza en estricto apego al cumplimiento al Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal y los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo vigente, conforme al mandato constitucional”, sostienen.

Por otro lado manifiestan que la Universidad Nacional de Costa Rica, la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional son instituciones que conforman el sistema de educación pública superior y cumplen a cabalidad con las normas, los procedimientos, los informes y la rendición de cuentas, así como el debido seguimiento de la ejecución de los presupuesto públicos con que se financia su accionar sustantivo, en apego a la legislación nacional correspondiente a la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos n.º 8131, la Ley General de Control Interno n.º 8292, la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública n.º 8422, las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público emitidas por la Contraloría General de la República; además de los procedimientos, los instrumentos y los lineamientos establecidos en la normativa interna de cada institución.

Según el Consejo Universitario de la UNA “queda manifiesto el desconocimiento del Poder Ejecutivo sobre el mandato constitucional y el marco legal vigente que le corresponde cumplir a todas las instituciones públicas, concerniente a la gestión, administración y ejecución de presupuestos públicos; además de la gestión universitaria pública, lo cual genera condicionamientos al FEES y su distribución”.

Aseguran que seguirán vigilantes “ante cualquier iniciativa que atente contra nuestros mandatos constitucionales”.

“En estas circunstancias, llamamos a las comunidades universitarias públicas y al pueblo costarricense en general para que nos unamos en la defensa de nuestro estado social de derecho”, concluyen.

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