San José, 24 feb (elmundo.cr) – El presidente de la República, Carlos Alvarado reconoció que se cometieron errores en relación con la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Principalmente con relación al decreto Ejecutivo en su Artículo 7 que señalaba:
Artículo 7º. —Obligación de acceso a la información. Para el cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Presidente de la República, las instituciones de la Administración Pública Central y Descentralizada deberán permitir el acceso a toda información que sea requerida por parte de la UPAD para el cumplimiento de sus fines y objetivos, salvo aquellos casos particulares donde la información sea considerada como secreto de Estado. Para ello, se le facilitará los accesos a los datos o brindarán los insumos de información de forma oportuna y en formatos que permitan su análisis y procesamiento estadístico, cumpliendo todos los estándares para una adecuada gestión de la información, de forma que se garantice la integridad, confiabilidad y seguridad de los datos. En cumplimiento de los incisos e) y f) del artículo 8º de la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley Nº 8968, también se brindará acceso a la UPAD a información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiera. Dicha información mantendrá en todo momento su carácter confidencial, independientemente del acceso que se le brinde a la UPAD. En estos casos, la UPAD y las instituciones deberán establecer acuerdos de gobernanza para garantizar un uso responsable y coherente de los datos que beneficie a los ciudadanos y fortalezca la confianza pública.
Alvarado explicó que la UPAD “no tuvo acceso ni podía tener acceso por ley, ni era interés público que tuviera acceso a registros de índole personal tales como llamadas telefónicas, redes sociales, información financiera, ni tributaria, ni expedientes médicos, ni nada que viole la privacidad de las personas, eso nunca sucedió ni lo permite nuestro marco legal, ni tampoco nos interesa”.
“Se mostraron las herramientas generadas con el análisis de datos a parte del sector académico, a empresarios, a algunos líderes de opinión, a periodistas de medios de comunicación y a organismos internacionales, no era un secreto, pero debemos reconocer que la información no tuvo el alcance necesario a toda la población”, aseguró.
El mandatario sostuvo que “quiero ser igualmente categórico en que aquí no ha habido mala fe”.
Además, manifestó que se encuentran anuentes a brindar toda la información requerida por la Fiscalía General de la República, la Defensoría de los Habitates y la Procuraduría de la Ética Pública que se encuentran investigando el caso.
