San José, 26 oct (elmundo.cr) –El Partido Liberación Nacional presentó esta semana su plan de Gobierno de cara a las elecciones nacionales de febrero del 2022.
En el plan, en el apartado de Seguridad Ciudadana, incluyeron como parte de sus acciones El respeto a la legítima defensa: Un derecho ciudadano inviolable en el que afirman tener “un enfoque de respeto total en materia de derechos humanos, y en esa lógica en materia de seguridad ciudadana la preservación de la vida es ineludible”.
Aunado a lo anterior plantean avanzar en el tema del respeto al derecho de rango legal a la portación de armas, en forma regulada, como una manera de prevenir la violencia y de proteger legítimamente la vida humana y los bienes personales.
“Una regulación responsable y seria en ese sentido, es consecuente con la vocación de paz y tolerancia del ser costarricense; la promoción del diálogo y la negociación como mecanismos de resolución de conflictos; y con los principios esenciales de nuestro Estado Social de Derecho”, se lee en la página 158 del documento.
Además, proponen trabajar en el tema del registro de armas para su portación, de manera que la ciudadanía pueda decidir responsablemente sobre esta posibilidad que otorga la ley.
Asimismo, en el plan de gobierno explican se declarará moratoria y se presentarán las reformas necesarias para garantizar, dentro del Sistema de Seguridad Ciudadana, el derecho que todo ciudadano posee a la legítima defensa frente a los actos de la delincuencia organizada y el narcotráfico que han desbordado al país en los últimos años.
El PLN propone actuar en forma estricta, firme y activa en el combate y la sanción penal de la posesión de armas ilegales en manos de los delincuentes y las bandas criminales, como una política pública del Estado Costarricense de combatir la delincuencia en todas sus manifestaciones y proteger la vida y la propiedad de sus habitantes.
“Este esfuerzo se complementará con imprescindibles reformas al Código Procesal Penal, porque de solo así tendrá frutos este gran esfuerzo nacional en materia de seguridad ciudadana”, agregan en el apartado.
De igual forma, planean trabajar en que los Tribunales de Justicia impongan las medidas cautelares de prisión preventiva necesarias en casos de narcotráfico internacional y nacional y alta criminalidad contra la Hacienda Pública; para ello, aseguran que es necesaria una verdadera reforma del Poder Judicial y de las leyes de la República, que faciliten y restauren los derechos de la ciudadanía frente a la criminalidad.
También proponen realizar una revisión integral del Sistema Penitenciario, integrando activamente al Ministerio de Justicia y a la Dirección General de Adaptación Social y la Policía Penitenciaria, al Sistema de Seguridad Nacional.
El ministro de Justicia, como miembro pleno del Consejo de Seguridad Nacional, sería el calificado vínculo de alto nivel entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, así como el portavoz y negociador técnico y político de estas reformas legales.
