San José, 10 ene (elmundo.cr)- El Partido Justicia Social Costarricense presentó un proyecto de ley que busca rebajar los salarios de diputados, presidente de la República y vicepresidentes, así como ministros, entre otros jerarcas.
Los ahorros de esta rebaja se orientarán a beneficiar a mujeres en condición de pobreza para fortalecer programas de cuido, estudio, capacitación y apoyo económico, así como el desarrollo de MIPYMES.
El proyecto se entregó en el Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa como una “iniciativa popular”.
Para Carmen Quesada Santamaría, candidata a la Presidencia, “la idea es que los partidos que actualmente tienen representación en el Congreso demuestren realmente su compromiso con la austeridad y su solidaridad con las personas más vulnerables”.
“Si aprueban este proyecto le demostrarán al país que realmente predican con el ejemplo, de no hacerlo nuestro partido se compromete con este proyecto como una de sus prioridades”, agregó.
El partido Justicia Social Costarricense hizo una exhortativa a la clase política nacional, para que aproveche este proyecto y dé un mensaje positivo a la ciudadanía en estos momentos de crisis económica y social.
Quesada estima que la propuesta es razonable y balanceada; a la vez que considera que ya es tiempo de que el sacrificio sea equitativo y también cubra a los sectores políticos que tradicionalmente se han servido con “cuchara grande”, pese al sufrimiento de muchos ciudadanos.
Sobre el proyecto
El proyecto plantea reformar la ley No. 7352 para que el salario de los diputados sea de cinco veces el salario base de un oficinista 1 del Poder Judicial, y que no contenga pluses, quedando (a la fecha) en ¢ 2.311.000.
A partir de este cálculo el salario del presidente sería del doble de lo que recibiría un diputado, es decir, ¢ 4.622.000. Asimismo, cada vicepresidencia de la República y ministros ganarían igual que los mismos legisladores. Los viceministros, a su vez ganarían el 80% de lo devengado por el Ministro.
La propuesta también contempla ajustar los salarios de directores, oficiales mayores y jefes de departamentos, de modo que se haga gradualmente según se ocupan las plazas, en el tanto no se lesionen derechos laborales ya existentes, sobre todo en el último caso de las jefaturas.
Solamente en salario de diputados el ahorro anual sería de ¢ 1.200.000.000. Estos recursos se integrarían al Presupuesto Nacional de la República con un destino específico: apoyar a mujeres en condición de pobreza a través de los diferentes programas de instituciones como el IMAS y el INAMU, entre otras.
