San José, 29 jul (elmundo.cr) – La gran cantidad de contrataciones directas que se realizan entre instituciones del Estado, no solo conllevan un sinnúmero de vicios y abusos en el manejo de los fondos públicos, sino también están privando a los costarricenses de más opciones de trabajo.
Para la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), el Gobierno sigue abusando del artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa y de la directriz 023-H, publicada el 20 de abril del 2015, para privilegiar la contratación de las propias entidades públicas.
Según la Uccaep, se ha hecho un uso sistemático del régimen de excepción – previsto en el artículo 2- obviando procesos de licitación pública, promoviendo el uso de convenios entre entes públicos y manteniendo ventajas exclusivas en perjuicio del interés general de garantizar una administración eficiente de los recursos.
En dos oportunidades, el presidente de Uccaep Gonzalo Delgado, ha externado ante el mandatario Carlos Alvarado, la preocupación por este tema, de hecho, la semana anterior se le envió una carta al mandatario donde se le externaron las observaciones.
“Esta situación es incongruente con la coyuntura que atraviesa Costa Rica, pues estamos en un momento donde se necesita dinamizar la economía y las contrataciones directas solo estancan ese proceso y privan a miles de costarricenses de obtener un empleo, pues ya sabemos que el sector público no contrata personal para los diferentes proyectos que tienen a cargo. Este tipo de contrataciones entre instituciones del Estado, son cerradas y poco transparentes y encima de poco ayudan a la dinamización de la economía nacional”, manifestó el presidente Delgado.
Por ejemplo, el ICE recibió un total de ¢1.417.576.6 millones por 60 adjudicaciones que le dio el Estado durante el año 2018, cifra que equivale a casi $2.500 millones, es decir, casi el 4% del PIB anual de Costa Rica.
Otro caso, es el pago de ¢3.093.938.457 millones a una dependencia del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) por sus servicios como agencia de publicidad.
A la Unión de Cámaras, le preocupa que el Estado mantienen una factura significativa del mercado publicitario, por lo que invierten las instituciones y esto está siendo absorbido, de manera excesiva, por el Sinart por medio de su Agencia de Publicidad, en perjuicio a la economía del país pues existe una evidente desincentivación de la actividad privada.
Además, se da una afectación y perjuicio fiscal para el país pues el Sinart, y por ende RTN Publicidad, se encuentran exonerados de todo tipo de pago de impuestos, cargas y cánones por el uso de las frecuencias de radio y televisión que le fueran otorgadas al amparo de su ley y, gozan de exención tributaria total para la importación o exportación, adquisición o venta de bienes y servicios dedicados a los fines y servicios públicos que le han sido encomendados.
Más recientemente, se denunció una contratación directa realizada por la Dirección General de Migración y Extranjería, a favor de RACSA, por un monto de $8.877.075 millones para un servicio de data center, bajo el Expediente en el SICOP Nº 2019CD-000036-0008700001. Este tipo de situaciones son las que deben evitarse a toda costa por un tema de transparencia.
Hace dos años, Uccaep presentó una denuncia ante la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) contra el Estado por prácticas monopolísticas, tras entregar un listado de 46 contrataciones, justificadas en el artículo 2, por más de ¢32.400 millones, entre los años 2014 y 2016, solo para los servicios de telecomunicaciones, tecnología y sistemas informáticos.
“Esa cantidad de dinero, en proyectos realizados por el sector privado, hubiese desencadenado la contratación de muchas personas, es evidente que se le está quitando productividad al país y como sector privado nos resta competencia, pues no se debe olvidar que son las empresas privadas las encargadas de generar riqueza y pagar impuestos”, manifestó el presidente de Uccaep.
El sector empresarial sostiene que hay un evidente interés de las instituciones estatales de evadir la Ley de Contratación Administrativa y con esa evasión se pierden los controles, no se le está dando el mejor uso a los recursos del Estado, pues los casos no responden a criterios de eficiencia, ni eficacia al ser contratos poco transparentes, muchos de ellos declarados confidenciales.
Para la Uccaep es trascendental que se empiecen a respetar los criterios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en cuanto a la contratación administrativa que procuran procesos abiertos a la competencia, que sean transparentes y que no discriminen. Todo esto con el propósito de un mayor beneficio para la sociedad.
