San José, 10 abr (elmundo.cr)- De acuerdo con las investigaciones realizadas por un firma auditora y la Junta Interventora del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), en dicha institución existen irregulares administrativas y económicas, cuyo impacto en las finanzas asciende a ¢45 mil millones.
Durante un periodo de casi 10 años, Infocoop fue gobernado por un mismo grupo de dirigentes cooperativos, el cual es señalado como el responsable de que se diera la fuga y el uso irregular de los recursos. Las cifras millonarias se movieron a través de crédito, transferencias de capital, contratación administrativa, donaciones ilegales, inversiones y viajes al exterior.
A nivel del crédito, se identificaron al menos 14 casos irregulares que en total suman más de ₵19 mil millones. Además, los errores matemáticos en la tasa de equilibrio del Infocoop hicieron que la institución dejara de percibir más de ₵4 mil millones entre 2009 y 2016. Cabe recalcar que estos errores ya habían sido advertidos por la Contraloría General de la República durante los años 2010 y 2016.
Agregado a esto, en diciembre 2017 se certificó que el deterioro de la cartera del instituto era superior a los ¢26 mil millones, lo que representaba cerca de un 25% de los recursos colocados en alrededor de 150 cooperativas. Este deterioro de cartera se venía dando desde el año 2013. Sin embargo, por razones que están bajo investigación, la información no fue de conocimiento de los jerarcas y no se utilizó para la toma de decisiones.
El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, recalcó que el caso es un modelo para Costa Rica en el combate contra la corrupción.
“La Intervención fue una decisión acertada, que nunca respondió a intereses de dirigentes cooperativos específicos, sino al compromiso ético de combatir la corrupción y fortalecer un sector productivo, social y económico como el cooperativismo cuyos aportes al país son muy importantes”, aseguró el mandatario.
En el caso se infieren presuntos potenciales delitos como peculado, enriquecimiento ilícito, administración en provecho propio y legitimación de capitales. Esto último deberá ser analizado en sede judicial.
