San José, 19 oct (elmundo.cr) – La Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa aprobó, la noche de ayer, trasladar el 50% de la deuda política de las elecciones del 2018 a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), para atender estragos causados por la Tormenta Tropical Nate.
La medida, planteada vía moción por el diputado Otto Guevara, recibió el visto bueno de Jorge Rodríguez del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Franklin Corella y Steven Núñez del Partido Acción Ciudadana (PAC); Abelino Esquivel de Renovación Costarricense y Suray Carrillo del Frente Amplio.
Con la modificación, un total de 10.637 millones de colones -equivalentes al 0,055 del Producto Interno Bruto del año 2016- cambiarán de destino empleando un mecanismo inconstitucional, ya que el artículo 96 de la Constitución establece que el financiamiento de las agrupaciones políticos solo se puede variar mediante una Ley especial, aprobada con el voto de 38 diputados.
Si bien en octubre de 2016 el Congreso aprobó la reforma a un transitorio del Código Electoral para reducir de 0,19% del PIB a 0,11% el financiamiento estatal a las agrupaciones políticas, el visto bueno se otorgó mediante el trámite de un proyecto de Ley específico para ello, y no mediante modificación presupuestaria.
Paulina Ramírez, diputada del Partido Liberación Nacional advirtió que lo adoptado por la mayoría de la Comisión es inconstitucional y que la reforma no va a tener apoyo suficiente en el Plenario, pues allí sería votado negativamente por diputados del PLN y un grupo del PUSC.
Aunado a lo anterior, el artículo 97 de la Constitución establece que cualquier modificación a una Ley electoral -como la es la que establece el porcentaje de deuda a destinar a los partidos políticos-, sólo puede hacerse con autorización del Tribunal Supremo de Elecciones, si se pretende efectuar 6 meses antes de un proceso electoral.
La actuación de los diputados se suman a otras faltas constitucionales que insisten en mantener durante la tramitación del proyecto de Ley de Presupuesto Nacional.
La Sala Constitucional ya ha reprendido al Congreso por no presupuestar el 8% de la producción nacional a la educación pública, así como el no destinar los recursos que la Ley establece al Patronato Nacional de la Infancia.
A pesar de los señalamientos del Máximo Tribunal de la República, los diputados insisten en cometer inconstitucionalidades en el trámite del presupuesto, pues saben que una acción ante la Sala IV tarda muchos meses en resolverse, por lo que para cuando llegue el fallo definitivo, el presupuesto podría ya estar en vigencia.
