San José, 20 may (elmundo.cr) – Con la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, a partir de julio, los comercios tienen la obligación de aceptar los pagos electrónicos.
Los comercios que cumplan con esta normativa tendrán que pagar una multa que corresponde a un monto equivalente a un salario base, que actualmente es la suma ¢446.200.00.
Silvia González, gerente de Impuestos y Legal de Grant Thornton, recordó que es importante que los comercios y quienes presten servicios en general, tengan muy presentes, además del ingreso de la nueva ley de IVA y la reforma a la ley de impuesto sobre la renta, ésta otra obligación de pagos electrónicos, precisamente para evitar sanciones.
“La evolución en la digitalización del cumplimiento tributario es uno de los objetivos principales que ha desarrollado la hacienda en los últimos años, en búsqueda de mejorar la recaudación fiscal y además como una útil herramienta de control y fiscalización de impuestos”, agregó.
Ejemplo de estos requerimientos es, sin duda, la implementación de los comprobantes electrónicos y el portal ATV que permite la gestión del registro del contribuyente y la presentación de las declaraciones de impuestos, así como las nuevas plataformas que tiene que desarrollar para la devolución del IVA en el sector salud, en las compras por medio de plataformas internacionales, y para las autorizaciones en el sistema de compras sin impuesto.
Para González, tiene sentido porque no solo estas formas de pago electrónicas se han convertido en un medio de recaudación efectivo, pues existen retenciones o adelantos del impuesto general sobre las ventas – pronto IVA- y del impuesto sobre la renta, que las ejecutan directamente las entidades que administran las tarjetas, sino también porque son un medio de fiscalización para controlar los ingresos y las manifestaciones de consumo.
