San José, 9 abr (elmundo.cr) – La Cámara Costarricense de la Industria de Alimentos (Cacia) llamó nuevamente la atención de los diputados por lo que consideran inoportunas maniobras de los legisladores del Partido Frente Amplio, que pretenden desnaturalizar el objeto inicial de la Reforma Fiscal que se discute en el Congreso, y propinar un golpe adicional a los presupuestos de las familias costarricenses.
Según José Manuel Hernando, presidente de Cacia, se introdujeron mociones al expediente 20.580 “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” para que se acojan textos de otras iniciativas de ley que están en la corriente legislativa, cargados de impuestos específicos sobre productos alimenticios, que no estaban en el texto inicial de la reforma fiscal.
“Dichas propuestas parten de consignas anti empresa privada, presentes en otros proyectos de ley y que se conocen en otras comisiones legislativas”, subrayó Hernando.
Específicamente las pretensiones se desarrollan en los expedientes 20.365 y 20.078: “Ley para desincentivar el consumo de productos ultra-procesados y fortalecer el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social”, y “Ley de incentivo al reciclaje de envases plásticos no retornables y empaques de bebida tetrabrik, para el fortalecimiento del sistema nacional de áreas de conservación (Sinac)”.
Cacia vuelve a manifestar su preocupación ante los diputados, pues la actual reforma introduce una carga muy pesada para el consumidor nacional, especialmente a los de menos ingresos y a la clase media profesional.
Como la iniciativa de un impuesto específico a los alimentos procesados, que se pretende ahora incorporar dentro del paquete fiscal, calcula un incremento cercano al 11% en un listado importante de grupos alimenticios.
A raíz de esto, señalan los industriales, productos como las bebidas envasadas van a tener un incremento aproximado del 40% en el impuesto que pagan actualmente. Este lamentable incremento de los impuestos a los productos elaborados por a industria de bebidas es adicional a los más de ¢45.000 millones que ese sector aporta, debido a otros impuestos ya vigentes por leyes especiales que crean impuestos discriminatorios que solamente paga la industria de bebidas, tal es el caso del financiamiento del Inder o los impuestos específicos creados por la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria.
En el caso del IVA, aún los diputados no han realizado los cambios solicitados por diversos sectores productivos, por lo que los productos de canasta básica tendrán un incremento que va desde un 4% hasta un 8%, dependiendo del nivel de valor agregado de la producción, dando un golpe irreparable para el bolsillo de los grupos menos favorecidos y una afectación a la competitividad de la producción nacional frente al producto importado, que según la propuesta de ley, será relativamente más caro que el producto importado.
A lo anterior suman el duro golpe a los impuestos que deberá pagar por impuesto de renta la clase media profesional del país, cuyos tractos de renta fueron incrementados de un 15% a un 20% y un 25%.
Este nuevo ataque sistemático en contra del sector privado y a los consumidores de bajos ingresos, pone en peligro la estabilidad del sector industrial de alimentos y bebidas de Costa Rica, compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas que desarrollan actividades comerciales con siropes, galletas, helados, jugos naturales y néctares, entre otros y que generan más de 56.000 puestos de trabajo en el país, indican.
Para el consumidor medio, una subida de precios por un impuesto de esta naturaleza llevará inevitablemente a un encarecimiento de estos productos, contrayendo su demanda, con el consecuente impacto sobre el empleo y la actividad empresarial de pequeños y medianos.
Por otro lado, los empresarios de alimentos manifiestan a los diputados que tienen a cargo la gestión de este enorme paquete de impuestos que se discute en el marco de la llamada “vía rápida”, que se enfrentan a un sistema de aprobación que limita la posibilidad práctica de que los temas se discutan con un mínimo de profundidad, serenidad y participación de los sectores afectados.
Según el presidente de CACIA “la pretensión del Frente Amplio de incorporar de manera precipitada contenidos inconexos de otros proyectos de ley, desnaturaliza la finalidad esencial del Poder Ejecutivo en la llamada “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, dispuesta en la exposición de motivos del mismo”.
“Advertimos que de resultar aprobadas las mociones que emanan del Frente Amplio, se permitiría de manera inconstitucional, la introducción de contenidos impropios en relación con la objeto del proyecto de ley, ya que la motivación del texto que elabora la Comisión de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, no es la regulación sobre el comercio de alimentos y bebidas específicos. Esa no es la intención del proyecto, ni tiene relación directa, por lo que exigimos a los actores políticos involucrados en la reforma fiscal, congruencia, coherencia, honestidad y transparencia entre el contenido material y principal del proyecto de ley”, destacó Hernando.
Por tal motivo, los empresarios de alimentos solicitan a los diputados de las demás bancadas, evaluar todas las alternativas legales y de procedimientos para que la iniciativa no se apruebe bajo las circunstancias descritas.
