San José, 22 jul (elmundo.cr) – Durante el segundo trimestre de 2019, las agencias calificadoras de riesgo Fitch Ratings, Moody’s Investor Service y S&P Global Ratings, mantuvieron la calificación y perspectiva asignada a la deuda soberana de largo plazo en moneda extranjera de Costa Rica.
Fitch Ratings y S&P Global Ratings le dieron una calificación de B+ Negativa, mientras que Moody’s Investor Service le da un B1 Negativo.
El saldo de deuda pública total de Costa Rica a mayo de 2019 ascendió a US$42,669.9 millones (71.0% del PIB), de los cuales US$31,123.8 millones corresponden a deuda interna (72.9% del total) y US$11,546.1 millones a deuda externa (27.1%).
El año anterior, en este mismo mes, la deuda pública total ascendió a US$40,333.6 millones (67.1% del PIB), registrando así un incremento en doce meses de 5.79%.
Como factores positivos señalan el sistema político estable e indicadores sociales más altos que los de sus pares, desarrollo social relativamente alto y el modelo económico que impulsa la inversión extranjera directa y las exportaciones no tradicionales, así como la oferta de mano de obra calificada.
Además de la aprobación de reformas fiscales que favorecen a las finanzas públicas, mejorando sus perspectivas de crecimiento de largo plazo y disminuyendo su vulnerabilidad frente a choques externos y mejoras en la distribución de la deuda total y fortalecimiento en las finanzas públicas, brindando estabilidad interna en las tasas de interés y tipo de cambio.
Mientras que como factores de riesgo indican la vulnerabilidad externa del país debido al elevado nivel de dolarización en el sistema financiero y rigidez monetaria en general y la elevada exposición del gobierno a las potenciales crisis cambiarias y de tipos de interés debido a la reducción de la flexibilidad fiscal.
En cuanto a los retos del país se encuentran aumentar la capacidad del país para absorber choques externos negativos, mejorar la empleabilidad y el entorno económico para las Pequeñas y Medianas Empresas (PyME) y acelerar la inversión en infraestructura pública y mejorar la efectividad del gasto de educación.
