Desde el 29 de abril, ElMundo.CR consultó oficialmente a la Dirección General de Migración y Extranjería si Leonardo Cova Escorsa, el empresario mexicano que se presenta públicamente como gerente general de la Asociación Deportiva Guanacasteca (ADG), contaba con permiso de trabajo en Costa Rica. La respuesta fue breve, directa y categórica: Ya se le notificó al equipo sobre el caso.
Sabemos que no tiene permiso de trabajo. Le seguimos los movimientos a su patrono desde el 2021 y las deudas con la Caja Costarricense del Seguro Social y Tributación aparecen con frecuencia.
Lo más desconcertante de todo es que dos meses y medio después, nada ha cambiado.
El señor Cova continúa apareciendo en videos institucionales del equipo, dando conferencias, posando con indumentaria oficial e incluso advirtiendo a altos jerarcas del fútbol nacional. No como un aficionado apasionado, sino como lo que él mismo afirma ser: el gerente general del club.
La pregunta es obligatoria: ¿en qué momento Migración decide actuar?
Según el reglamento costarricense, ningún extranjero puede obtener permiso de trabajo si el patrono tiene deudas con la Caja Costarricense del Seguro Social o con Tributación. La ADG arrastra, al día de hoy, más de ₡75 millones en obligaciones con estas entidades. No es una sospecha. Es un hecho documentado.
El silencio administrativo no es inocente. Es complicidad por omisión. Y lo que debería ser un trámite que marca el límite entre la legalidad y la irregularidad, se convierte en una grieta institucional que da pie a la impunidad. Porque nada impide que Cova siga actuando como funcionario de un club profesional, a vista y paciencia de las autoridades.
El fútbol como espejo de una realidad más profunda
El caso de Leonardo Cova no es solo un problema del balompié nacional. Es un símbolo de cómo el Estado costarricense —en especial Migración— pierde la oportunidad de enviar un mensaje contundente al país: en Costa Rica, las leyes se cumplen. Sin importar la camiseta, el puesto o el apellido.
Mientras tanto, miles de extranjeros que sí cumplen con los requisitos, que sí están al día con sus documentos, enfrentan trabas burocráticas eternas y silencios inexplicables.
Desde el 2021 que publiqué por primera vez sobre el caso, decenas de jugadores extranjeros se han visto afectados. No podían jugar pero sí entrenar, aunque al final el entrenar es su trabajo.
Cova no juega, trabaja en el fútbol a sus anchas y sin el permiso debido.
Migración tiene en sus manos una oportunidad: usar un caso de alto perfil para construir un precedente que refuerce la institucionalidad y la igualdad ante la ley. No se trata de perseguir, sino de poner orden. No se trata de xenofobia, sino de coherencia con nuestro propio marco legal.
Si el Estado no puede actuar ante un caso tan visible, ¿qué podemos esperar en situaciones más complejas y menos mediáticas?
El mensaje que queda es lamentable: sí se puede trabajar ilegalmente en Costa Rica, si lo hace frente a las cámaras y en una cancha de fútbol.
Ya es hora de que Migración levante la voz. Pero sobre todo, que actúe.
