La Asociación Deportiva Guanacasteca (ADG) perdió su licencia para competir en el fútbol profesional tras revelarse supuestas irregularidades financieras y administrativas que involucran depósitos millonarios, inconsistencias en sus estados financieros y la participación de una “prestamista” con vínculo directo con los inversionistas mexicanos interesados en el club.
A continuación, los puntos clave del caso:
Los depósitos en duda
El Comité de Licencias de la Fedefútbol detectó una serie de transferencias por $675.866 (unos ¢341 millones) a las cuentas de la ADG. Según el ente, esos movimientos no habían sido reportados inicialmente en los estados financieros.
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BMG Group, representado por los mexicanos Jorge García y Paulo Tapia, aportó $269.861 entre octubre de 2024 y enero de 2025.
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Paulo Tapia, a título personal, depositó $299.756 en el mismo periodo.
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A eso se suma una transferencia internacional por $106.248, sin mayor detalle.
En total, el dinero alcanzó la cifra que se convirtió en el centro de la investigación: $675.000.
La prestamista mexicana
En marzo de 2025, la ADG reportó un pasivo por ¢185 millones a nombre de Yesica Guerrero Olloquí, registrada como “socia” del club.
El Comité de Licencias cuestionó dos puntos:
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El pasivo aumentó de manera inexplicable en ¢70 millones respecto a los documentos presentados semanas antes.
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El monto se justificó como “mejoras al estadio”, pero sin pruebas de que dichas obras se hubieran realizado.
Más tarde, Guerrero aclaró que es esposa de Jorge García, representante de BMG, y que los fondos provenían de una empresa de seguridad en México, contradiciendo la versión inicial de que eran de negocios inmobiliarios.
Las inconsistencias detectadas
La Fedefútbol enumeró varios problemas en la documentación presentada por la ADG:
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Diferencias entre los estados financieros de enero y marzo.
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Omisión de información sobre los depósitos de BMG.
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Clasificación incorrecta de la deuda de Guerrero como “socia” y no como “tercera”.
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Contradicciones en el origen de los fondos: primero bienes raíces, luego una empresa de seguridad.
El castigo
Ante lo que calificó como anomalías muy graves, el Comité de Licencias resolvió revocar la licencia de la ADG, decisión que luego fue ratificada en apelación dentro de la propia Federación.
Esto significa que el club no puede competir ni en la Primera División ni en la Liga de Ascenso, quedando relegado al fútbol aficionado.
La batalla legal
La ADG acudió al Tribunal Contencioso Administrativo, donde presentó medidas cautelares para revertir la decisión y recuperar la licencia de forma temporal.
El abogado Juan Edwin Yockchen Mora, cercano al presidente Jorge Arias, fue quien firmó la más reciente medida. Antes, también habían intentado frenar el castigo en el Tribunal de Conflictos Administrativos y Deportivos del Icoder, sin éxito.
Cómo empezó todo
El caso salió a la luz tras un reportaje de ElMundo.CR en marzo de 2025, que reveló la existencia de una carta de intención firmada en octubre de 2024 entre Leonardo Cova y Jorge García para adquirir la mayoría de acciones de la ADG por un millón de dólares.
La Fedefútbol ya había detectado “dudas financieras” desde enero y abrió una investigación que terminó con la sanción más drástica posible: la pérdida de la licencia.
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