Aquiles Mata, exdirectivo e integrante de la Comisión Jurídica de Liga Deportiva Alajuelense, ofreció su perspectiva sobre la controversia surgida por la reprogramación del partido entre Alajuelense y Herediano. La decisión de mover el juego al 16 de noviembre a las 8 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto provocó críticas, especialmente por parte del presidente y entrenador del Herediano, Jafet Soto.
Soto había expresado su malestar contra la Fuerza Pública y la Unafut, señalando que la suspensión se debía a la intervención de la policía en asuntos deportivos. Argumentó que la Fuerza Pública se estaba entrometiendo, sugiriendo que se podían aumentar los oficiales de seguridad privada en el estadio para prevenir incidentes. Esto generó una respuesta de Aquiles Mata, quien considera que la afirmación de Soto es inconsistente con la realidad y con las leyes que existen en Costa Rica.
La Respuesta de Aquiles Mata
En una entrevista con La Nación, Aquiles Mata enfatizó la importancia de las leyes y regulaciones vigentes en el país, destacando que el fútbol no está por encima de estas disposiciones. Señaló que, además de las reglas federativas y de la Unafut, existen leyes como la Ley para la Prevención y Sanción de la Violencia en Eventos Deportivos (9145), reformada por la Ley 9878, que establecen normas de seguridad estrictas para eventos deportivos.
Esta ley exige la presencia de seguridad en un perímetro de al menos cinco kilómetros alrededor del recinto deportivo tres horas antes y tres horas después del evento. Mata explicó que esto no se puede solucionar simplemente aumentando la cantidad de oficiales de seguridad privada dentro del estadio, como sugirió Jafet Soto. La seguridad privada no tiene competencia para actuar fuera del estadio, donde la Fuerza Pública debe estar presente para garantizar la seguridad de los asistentes y del evento en sí.
“Lo que no se dijo en todo este berrinche que se ha armado al respecto es que, además de las disposiciones que regulan el fútbol a nivel federativo y de Unafut, también existen disposiciones legales de cumplimiento obligatorio”, expresó Mata. “Me refiero a la Ley para la Prevención y Sanción de la Violencia en Eventos Deportivos (9145), que fue reformada posteriormente por la Ley 9878”, añadió a La Nación.
La Importancia de la Seguridad Pública
Mata resaltó que en partidos de alto riesgo, como los encuentros entre Alajuelense y Saprissa o Herediano, la presencia de la Fuerza Pública es crucial. Las medidas de seguridad buscan resguardar a las personas tanto dentro como fuera del estadio. Por lo tanto, la intervención de la Fuerza Pública no es una intromisión en asuntos deportivos, sino una necesidad para cumplir con las disposiciones legales que buscan evitar actos de violencia.
“El fútbol no está por encima de las leyes y existen disposiciones de orden público que obligan a las asociaciones, o a Liga Deportiva Alajuelense en este caso, a cumplir con esta normativa, la cual incluye la presencia de la Fuerza Pública”, añadió Mata. “Es para resguardar a las personas que asistirán al evento tanto dentro como fuera del estadio. Afuera del estadio, la seguridad privada no tiene absolutamente ninguna competencia”.
Mata dejó claro que este no es un tema de competencia ni de decisiones arbitrarias, sino del cumplimiento de la ley para garantizar la seguridad de todos los involucrados. Al no cumplir con estas disposiciones, el club podría ser sancionado, por lo que es una obligación legal que la Fuerza Pública participe en la seguridad de estos eventos deportivos.
Este enfoque legal presentado por Mata contrasta con la opinión de Jafet Soto, mostrando la complejidad de organizar eventos deportivos y la necesidad de cumplir con las regulaciones vigentes para proteger a los aficionados y al espectáculo mismo.
