San José, 25 oct (elmundo.cr) – El abogado constitucionalista, Fernando Zamora, calificó como una barbaridad y horror proyecto 22.834 denominado “Reforma a la ley 8754 Ley contra la delincuencia organizada para fortalecer la función de la jurisdicción contenciosa administrativa”.
Zamora señaló que este proyecto “propuesto por el PAC de Carlos Alvarado y aprobado en primer debate ya, que en su artículo 20 bis propone secuestrar cualquier tipo de bien o producto sin que exista ningún tipo de acusación”.
“Si se termina de aprobar este proyecto, las autoridades podrán secuestrar a los ciudadanos sus bienes sin siquiera haberles iniciado ningún tipo de proceso legal, sin que exista ningún tipo de acusación en contra del ciudadano. Después de secuestrados los bienes, la administración tiene hasta 30 días para valorar si pone o no pone la denuncia contra la persona”, criticó.
Según el abogado, “con 30 días de cuentas y bienes congelados, a cualquiera lo van a destruir financieramente, pero además el daño reputacional, que eso causaría, posiblemente pueda golpear irreversiblemente hasta una empresa muy sólida”.
“Después la administración decide si la sospecha que tenían contra usted o contra la empresa en la que usted trabaja ameritaba secuestrar sus bienes y perfectamente podrían decidir nunca denunciarlo o denunciarlo sin mayores pruebas”, sostuvo.
Zamora enfatizó que “hay gente que con el pretexto de combatir a narcos y lavadores lo que realmente están haciendo es preparar toda una estrategia para perseguir adversarios y competidores”.
“Para cuando eso suceda ya destruyeron el sustento de una familia y su reputación. (…) Les aseguro que la mejor forma de alcahuetear al narcotráfico y a los lavadores es precisamente aprobar leyes arbitrarias y abusivas. Me extraña que cuando el proyecto fue consultado la Sala Constitucional le dio visto bueno y únicamente declaró inconstitucional un asunto relacionado con las formas de notificación del procedimiento. Este proyecto no debe aprobarse y es indispensable detener este tipo de iniciativas contra las libertades y derechos básicos de los ciudadanos”, concluyó.
