Orotina, 10 ago (elmundocr)- En la Municipalidad de Orotina están empeñados en que WPP se mantenga al frente del relleno de basura a como dé lugar, pese a que la operación de lo que según señalan, ahora es un “relleno sanitario”, no le deja ningún beneficio directo a la población de ese cantón alajuelense.
El negocio para WPP que defienden la alcaldesa Margot Montero y el vicealcalde Randall Marín, surgió en el 2007, cuando una resolución de la Sala IV ordenó la ejecución del cierre técnico del botadero a cielo abierto que operaba en el cantón.
A 10 años de esa orden, la Municipalidad, lejos de ejecutar la sentencia, defiende la posición de la empresa procesadora de basura, que desde el 2011 empezó a operar en el sitio, no en función de cumplir lo ordenado por los magistrados, sino para habilitar el lugar del botadero, como relleno sanitario.
En su defensa a ultranza, la alcaldesa y el vicealcalde insisten en que WPP ha hecho una alta inversión para convertir el botadero en relleno. Sin embargo, la Municipalidad y los vecinos de Orotina no obtienen réditos económicos de esa operación, ya que solo después de cierto tonelaje ingresado al relleno (no especificado), es que el ayuntamiento recibe $0,5 dólares por tonelada.
Por el contrario, la Municipalidad de Orotina le paga $18 por tonelada de desechos que recibe WPP en el terreno de la propia municipalidad.
A esto se suma el hecho de que WPP lleva a este relleno desechos de otras municipalidades a espaldas de las autoridades del gobierno local, algo que por ahora no le importa a ninguno de los dos funcionarios, que insisten en que desean que el contrato se prorrogue por 2 años más, con un costo para el municipio de ¢120 millones.
El contrato actual, que es por cerca de ¢520 millones, vence el próximo diciembre, y a pesar de que hay molestia en amplios sectores del cantón, los jerarcas municipales pretenden que la Contraloría les apruebe la adenda del contrato para evitar la posibilidad de que se abra un concurso público vía licitación, y así revisar si se pueden mejorar las condiciones de la comunidad.
LEA TAMBIÉN: Algo huele mal en la municipalidad de Orotina
Montero afirmó, en entrevista con elmundo.cr, que la adenda es un derecho que tienen como jerarcas municipales, por lo que prefieren esta figura a una licitación donde se presenten otros oferentes.
Insiste en que su planteamiento no busca cambiar el objeto del contrato ganado por WPP años atrás, sin embargo, se contradice en su propia explicación.
“Es que el contrato inicial era para cuatro cosas: transporte, disposición y tratamiento de los desechos”, dijo la funcionaria. Sin embargo, más adelante, ella misma afirma que la adenda al contrato se limita solo a la disposición final de los desechos, lo que deja por fuera cualquier elemento relacionado con el objetivo inicial: el cierre técnico.
Tanto Montero como Marín indicaron que están haciendo las cosas a derecho, amparándose en la figura de la adenda, y aseguraron que acatarán lo que disponga la Contraloría General de la República.
Lo que no indican ninguno de los dos es que la Contraloría no estudia la conveniencia para la ciudadanía de la adenda, sino que revisa únicamente el carácter técnico de la solicitud, por lo que los temas de conveniencia y oportunidad de la adenda son criterios que están en manos de la administración local.
Consultado sobre el tema, el órgano contralor contestó: La “valoración (de la conveniencia) le compete analizarla la Administración (municipalidad). La Contraloría no puede coadministrar para determinar que compras son las que le resultan de mayor beneficio a un cantón, siendo las autoridades municipales las responsables de definir cómo se satisface la necesidad”.
Mientras tanto, WPP opera el relleno a su antojo, llevando basura de otros cantones sin siquiera informar de la Municipalidad de dónde vienen esos desechos, algo que justifican los jerarcas al señalar que ellos se limitan a tener un control de pesaje de los desechos que ingresan a las instalaciones, ubicadas en terreno municipal, pese a la incomodidad de sectores comunales.
Este diario realizó reiterados intentos por obtener la versión de WPP, la empresa sigue en silencio, los teléfonos de las oficinas reportadas en su página web no contestan y en el ayuntamiento la posición de la administración es sólida en cuanto a mantener la operación de WPP.
“Por todo lugar donde se vea es negativo para el cantón, no me parece lógico, cómo es que a la empresa se le paga un canon de $18 y solo entrega ¢287. Esto de la adenda me suena extraño, nosotros fuimos sigilosos con eso, incluso tuvimos varios enfrentamientos con la Alcaldía y la gente que asesora a la Alcaldía, porque vimos muchas lagunas y huecos oscuros”, sostuvo el exregidor por el PLN, Johnny Montero.
Montero agregó que se ha solicitado una revisión de esa situación, debido a que “nunca fue clara” la relación de WPP con la Municipalidad, y dijo que las autoridades actuales deben abrir a licitación pública la operación del relleno.
Por su parte, Daniel Vega, director de la emisora local Orotina Online, considera que la mejor opción es abrir una licitación pública, porque sería la forma “más clara y oportuna de que las cosas se hagan bien, así se evitan los malos comentarios u observaciones sobre el asunto, si de verdad se está haciendo bien”.
Otros pobladores, como Víctor Serrano, del centro de la comunidad, dijo sentirse incómodo por el relleno debido a la cercanía que tiene con el río, además criticó a la Municipalidad pues asegura que no le interesa “nada” en cuanto a la opinión que tengan algunas personas del pueblo.
“Ni le interesa nada de la Contraloría, porque ellos hacen las cosas como quieren. Esta Administración ya lleva bastantes años en el poder”, manifestó.
¿Por qué casarse con WPP?
Ni la alcaldesa Montero ni el vicealcalde Marín pudieron justificar la conveniencia de mantener las operaciones del relleno en manos de WPP, más allá de garantizar que la comunidad tenga un lugar para dejar sus desechos.
Hasta ahora, la única defensa que plantean ambos jerarcas es la conveniencia de que Orotina tenga su propio centro de recolección de desechos, sin embargo, esta situación no cambiaría en caso de que el contrato por cierre técnico se mantenga, pues quien gane el concurso deberá apegarse a lo que este plantee.
La relación entre la Municipalidad y WPP surgió desde que en 2007 el municipio solicitó un refrendo ante la Contraloría que quedó en firme en el 2008.
La operación de WPP se dio a partir del 2011, y en lugar de aplicar la orden de cierre técnico, la Municipalidad y la empresa gestionaron obras para darle sostenibilidad ambiental al proyecto y así olvidarse de la orden de clausura.
Lo anterior consta en los archivos municipales, empero, la orden de cierre técnico sigue vigente, a pesar de que un cierre técnico es lo menos que se hace en el relleno municipal.
Colaboró en esta información el periodista José Quirós.
