San José, 09 mar (elmundo.cr) – La diputada del Frente Amplio, Priscilla Vindas, denunció que el vandalismo de las paredes del Teatro Melico Salazar y el kiosco del Parque Nacional las hizo un hombre simpatizante del presidente de la República, Rodrigo Chaves.
Vindas señaló que “el día de ayer, cientos de personas tomamos las calles en el marco del Día Internacional de las Mujeres, una fecha histórica de lucha, de resistencia, organización y búsqueda de justicia”.
“Frente a un Estado que continúa fallando en garantizar condiciones de vida dignas para las mujeres y las niñas, la marcha permitió visibilizar el preocupante aumento de violencia cometida en contra de mujeres, acompañado por el auge de discursos que legitiman, normalizan y minimizan dicha violencia contra las mujeres, afectando principalmente a niñas y adolescentes”, agregó.
Para la frenteamplista, “llama la atención que, posterior a que cientos de mujeres ejercieran de manera respetuosa y responsable su derecho a la protesta, la vicepresidenta y ministra de Salud, doña Mary Munive, y el ministro de Cultura y Juventud, don Jorge Rodríguez, realizarán declaraciones públicas con el propósito de deslegitimar la movilización, centrar y minimizar la discusión pública”.
“Pero también con el afán de responsabilizar al movimiento respecto a una supuesta vandalización mediante grafitis de las paredes del Teatro Melico Salazar y el kiosco del Parque Nacional. Sin embargo, horas después, surgen imágenes donde se ve a un hombre haciendo este vandalismo, y les cuento lo siguiente, fue identificado como simpatizante del actual gobierno, que fue más bien detenido y llamado la atención por mujeres que estaban en la marcha y lo intentan detener”, aseguró.
Vindas recalcó que “lo contradictorio de todo esto y la falta de coherencia del gobierno es que ayer corrieron para condenar un supuesto vandalismo sin estar seguros de lo que estaban afirmando, pero por ejemplo no tenemos ningún tipo de pronunciamiento de parte de doña Mary Munive o alguna autoridad del gobierno por los daños al Teatro Nacional, donde se produjeron daños irreversibles, producto de intervenciones realizadas sin los protocolos técnicos adecuados”.
“Ah, y pues obviamente no se han rectificado de las acusaciones tan graves que indebidamente le hicieron al movimiento del 8M el día de ayer, pero resulta aún más preocupante el silencio y la nula acción estatal para garantizar protección y seguridad a las mujeres y las niñas, pues algo que verdaderamente indigna es que para enero del 2025, mediante una reforma al Reglamento de Vigilancia de la Salud, el Ministerio de Salud eliminó la notificación obligatoria de eventos como la violencia intrafamiliar, sospecha de violencia sexual y explotación sexual comercial”, criticó.
La diputada reclamó que “frente a este debilitamiento de los mecanismos institucionales que permiten actuar antes de que las manifestaciones de violencia escalen, hace su forma más extrema, y este fin de semana, lastimosamente, efectivamente, tuvimos otra víctima de feminicidio más, Yesenia Murillo Noguera, una mujer costarricense, madre de una niña y un adolescente, cuya vida fue arrebatada de manera violenta a ella y a su familia, y a todas las mujeres que hoy viven con miedo, con dolor e incertidumbre, les digo que no están solas”.
“El responsable, Luigi Bonilla Paniagua, según se ha informado, ya contaba con denuncias judiciales de violencia doméstica e incumplimiento de medidas cautelares, incluso anteriores a su actual violación. Esto nos lleva a reflexionar sobre qué seguimiento institucional se le da a las víctimas, cuántas otras víctimas de violencia existieron antes, cuántas mujeres siguen enfrentando situaciones similares sin recibir protección inmediata y efectiva, cuántas víctimas más tenemos que contabilizar a la cifra de feminicidios y violencia intrafamiliar para generar la indignación a este gobierno y declarar una emergencia nacional”, manifestó.
Vindas insistió que “desde el Frente Amplio hacemos un llamado urgente a seguir fortaleciendo nuestra legislación, mejorar los mecanismos de prevención y garantizar medidas de protección oportunas para las mujeres que enfrentan este tipo de violencia. Es por esto que hemos avanzado en el expediente 23.729, la Comisión de Reforma Constitucional, que busca en esencia fortalecer las herramientas y pruebas dentro de los procesos seguidos por delitos sexuales cometidos contra personas de menores de edad”.
“Y también hacemos un llamado respetuoso pero firme a este Poder Ejecutivo. No debemos dejar que se desvíe la atención del problema central ni criminalizar la protesta de las mujeres que marchan precisamente porque nos falta camino por recorrer en el respeto de nuestros derechos y libertades”, concluyó.
