San José, 22 jul (elmundo.cr) – Ante la reciente nebulosa en la que se ha envuelto la democracia costarricense, a causa de la forma en que se condujo el proceso de sanción de los magistrados de la Sala Tercera, por una falta grave relacionada al caso del cemento chino; el diputado del Frente Amplio, José María Villalta señaló en control político que otro de los magistrados que debería renunciar a su cargo es Jesús Ramírez.
“Que se vaya, también, don Jesús Ramírez que es el que falta. Desde que tengo memoria ha estado aferrado al cargo en la Corte. Ya está bueno que se vaya para la casa porque ha perdido credibilidad”, señaló Villalta.
El legislador frenteamplista achaca que, en términos de aplicación de condenas, o bien sanciones, como en este caso, si es gente pobre que no tiene vínculos políticos, se les aplica todo el peso de la ley, prueba de ello, las cárceles llenas, “…pero cuando son señorones, figurones con poder económico y político ahí sí hay debido proceso, circunstancias atenuantes, y amonestaciones escritas”.
“En el informe que presentó el magistrado Román Solís instructor del caso den la Corte Plena se determina que hubo una falta grave… Por supuesto que este caso es indignante y, por supuesto que tienen que irse para la casa esos magistrados y magistradas de la Sala Tercera”, manifestó Villalta.
El legislador señaló una enfática perdida de credibilidad sobre estas figuras hoy cuestionadas por desestimar una causa por supuesto tráfico de influencias contra los exdiputados Víctor Morales Zapata y Otto Guevara Guth.
“Por supuesto que es vergonzoso lo de don Carlos Chinchilla, porque huye por la puerta de atrás y, menos de dos años antes se había postulado para presidente de la Corte. Se ofreció a asumir el liderazgo del Poder Judicial en una situación de crisis y, apenas explota este escándalo, sale huyendo aferrado a su pensión de lujo”, indicó Villalta.
A su vez señaló que ojalá este caso sirva para hacer las reformas pertinentes en materia constitucional, iniciando por la oportunidad presente que posee la Asamblea Legislativa de renovar prácticamente a la mitad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
