San José, 08 jun (elmundo.cr) – El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, denunció “una violación grosera a derechos fundamentales como la libertad de pensamiento o la libertad de cátedra, es la negación de la educación misma: la prohibición del pensamiento crítico”, contenida en el expediente 21834.
Al respecto el legislador señaló que se trata de “¡graves restricciones al pensamiento crítico y las discusiones sobre derechos humanos!”.
La Comisión de Derechos Humanos dictaminó el año pasado el proyecto 21.834 que pretende agregar un nuevo artículo a la Ley Fundamental de Educación para que diga:
“…la educación costarricense procurará: el estudio exclusivo de lo indicado en la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. No se permitirá a los centros educativos la interpretación de lo que establece esta declaración. Se buscará el resguardo de las creencias, convicciones y se evitará la injerencia en la vida privada de los educandos y/o sus familias”.
Ante esto el parlamentario cuestionó: “¿Qué quieren decir con el estudio exclusivo de la Declaración de Naciones Unidas de 1948? ¿No es acaso esta una prohibición para que en los centros educativos se hable sobre los demás instrumentos internacionales de derechos humanos y los principios derivados de la declaración de 1948 que han sido ampliamente desarrollados?”.
“De esta forma se está desconociendo y borrando del sistema educativo todo desarrollo progresivo de los derechos humanos a partir de 1948, donde han sido reconocidos derechos de segunda y tercera generación. Por ejemplo, en materia de derechos humanos de las mujeres hay instrumentos internacionales fundamentales que datan de fecha posterior y que estarían siendo excluidos de la educación costarricense”, aseveró.
“Mención aparte merece la prohibición expresa que se quiere imponer a las y los educadores de interpretar los textos de la Declaración de Naciones Unidas. Además de constituir una violación grosera a derechos fundamentales como la libertad de pensamiento o la libertad de cátedra, es la negación de la educación misma: la prohibición del pensamiento crítico. Todos los textos legales deben ser interpretados en función de sus fines, de su contexto histórico y hasta para aclarar el sentido de sus palabras. Prohibir su interpretación equivale a prohibir su análisis crítico y el debate de ideas sobre sus alcances. De esta forma, las fuerzas regresivas buscan escribir en una ley su lema de “muerte a la inteligencia””, apuntó.
“Por último, el texto del proyecto de ley busca supeditar la enseñanza de los derechos humanos a las “creencias y convicciones personales”, lo que nos recuerda la discusión sobre la mal llamada “cláusula de conciencia” introducida en la ley de empleo público. Cierra el texto con una nueva restricción a la educación en materia de derechos humanos: “evitar la injerencia en la vida privada”. ¿Volveremos a los tiempos en que los derechos de las mujeres y la niñez se consideraban inexistentes en la vida privada? ¿Como podría afectar esto los avances en la lucha desde los centros educativos contra la violencia de género o el abuso sexual contra personas menores de edad?”, interrogó.
“Todas las personas preocupadas por la educación costarricense y el respeto a los derechos humanos deberían poner atención a este nefasto proyecto de ley y exigir cuentas a sus redactores y dictaminadores”, concluyó.
