San José, 08 dic (elmundo.cr) – El diputado, del Frente Amplio, José María Villalta, cuestionó, la “postura contradictoria por parte del Gobierno en perjuicio del derecho a la salud”.
Ante esto el legislador recordó que “en mayo, Carlos Alvarado anunció el lanzamiento de un “Repositorio de Derechos del COVID-19” junto a la OMS, un esfuerzo internacional para “contrarrestar la monopolización del conocimiento sobre COVID-19 por parte de cualquier entidad”, según un comunicado de la OPS”.
No obstante “ahora, en diciembre, el Gobierno contradice esa postura al rechazar la propuesta de India y Sudáfrica ante la Organización Mundial del Comercio para que los Estados miembros puedan flexibilizar temporalmente las restricciones de propiedad intelectual establecidas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) en aras de facilitar e impulsar la producción de vacunas a un costo accesible, particularmente para los países más pobres del mundo”.
Villalta resaltó que “las noticias sobre la efectividad de las vacunas desarrolladas hasta ahora son muy alentadoras, pero ahora la humanidad se enfrenta al reto de garantizar la producción y el acceso a todas las personas que lo requieren. Hablamos de miles de millones de personas”.
“La empresa Moderna, por ejemplo, ha afirmado que instalando nuevas líneas de manufactura podrían producir aproximadamente 500 millones de dosis al año. En el caso de esta vacuna, el 78% de las dosis han sido adquiridas por países ricos, por lo que la mayoría de las dosis se estarían destinando a apenas el 12% de la población”, agregó.
Por lo que el diputado manifestó que “de ahí la importancia de propuestas como la de India y Sudáfrica para llegar a un acuerdo internacional que flexibilice las normas sobre propiedad intelectual para incrementar la producción y reducir los precios de acceso a las vacunas. Para un país como Sudáfrica no se trata de algo nuevo. Al ser una de las naciones más afectadas por la epidemia del VIH, ha liderado la lucha contra las barreras que impiden que las personas más pobres puedan acceder a tratamientos novedosos”.
“Esta lucha tuvo como consecuencia la Declaración de Doha, que establece excepciones a la normativa sobre propiedad intelectual en casos específicos, para proteger la salud pública. Sobra decir que esta pandemia es precisamente uno de los casos contemplados para aplicar dichas excepciones”, indicó.
“En vez de anteponer los intereses comerciales de grandes corporaciones a la protección de la vida y la salud, el Gobierno debería impulsar reformas legales que faciliten el acceso a las medicinas para toda la población, como la urgente modernización de nuestra legislación sobre licencias obligatorias y la regulación del mercado de los medicamentos para frenar los precios abusivos”, concluyó el legislador.
