San José, 12 jun (elmundo.cr) – Una de las revelaciones más graves del Quinto Informe Estado de la Justicia es la ineficiencia estructural del sistema judicial costarricense para garantizar justicia a las mujeres víctimas de violencia. A pesar del masivo acceso de estas mujeres al Poder Judicial, los resultados muestran una preocupante falta de tutela efectiva de derechos.
“Cerca de la mitad de los casos en etapa de juicio cierran en una absolutoria”, indica el informe. Además, el 13% de las denuncias asociadas a violencia sexual prescribieron sin que se celebrara juicio alguno.
El análisis también revela que el testimonio de la víctima es con frecuencia la única prueba disponible, lo que deja los casos vulnerables a fallos absolutorios si no se cuenta con prueba pericial.
“Casos que no cuentan con prueba pericial tienen mayores probabilidades de fracasar”, afirma el informe.
Otro dato preocupante: el 85% de los imputados tiene bienes o salario registrado, pero solo en el 8% de los expedientes analizados se presentó una acción civil resarcitoria, es decir, la mayoría de las víctimas no reciben ninguna compensación económica.
El informe también señala grandes diferencias en la duración de los procesos según el circuito judicial, con algunas causas extendiéndose por años. Además, la ausencia de perspectiva de género, la revictimización y la falta de acompañamiento especializado agravan la situación.
“Entre más pronto se denuncie, mayores son las posibilidades de recabar pruebas”, concluye el informe, que recomienda reforzar la Fiscalía Adjunta de Género y asegurar el enfoque de derechos en todas las etapas del proceso judicial.
