Cuesta de Moras, 8 mar (elmundo.cr) – Ana Cristina Trejos y Ana Gabriel Zuñiga Aponte, exviceministra de Vivienda y viceministra de la Presidencia respectivamente, comparecerán mañana en la Comisión de Ingreso y Gasto Público del Congreso, por haber percibido millones ilegalmente en incentivos salariales que no les correspondían.
La cita es al mediodía del jueves en ese órgano parlamentario, al que además deberá comparecer el Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro Salas y la Contralora General de la República, Marta Acosta.
Trejos, ahora nombrada directiva en el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) percibió el incentivo salarial de prohibición desde que fue nombrada y hasta finales del 2016. Un informe de la Contraloría determinó que ella no tenía los atestados requeridos para percibir ese plus, por lo que ordenó devolver los casi 11 millones de colones.
Con el fin de ser nombrada en el BANHVI, la exviceministra pidió un préstamo bancario para saldar la deuda. Ahora, pasará a ganar 1,6 millones de colones mensuales por asistir a dos sesiones de junta directiva a la semana, cerca de 300 mil colones mensuales más que lo que ganaba como viceministra a tiempo completa y con la prohibición legal de hacer proselitismo.
Ana Gabriel Zuñiga Aponte, viceministra de la Presidencia se aferra a la tesis de que su plus salarial está pagado a derecho, pese a que ella, egresada de la licenciatura en derecho, más no licenciada, abogada ni incorporada al colegio profesional correspondiente, percibió hasta que apareció la denuncia publicada en EL MUNDO el 65% adicional a su salario base, llevando la suma total de lo percibido irregularmente a 30 millones de colones.
El Presidente de la República, Luis Guillermo Solís le pidió a Zuñiga que renunciara a 20% del plus salarial, dejándolo en 45% adicional al salario base, ya que supuestamente, así lo permite la Ley de compensación del pago de prohibición.
El Ministro Sergio Alfaro, superior de Zuñiga Aponte también está citado ante los diputados para que se pronuncie sobre ese pago irregular.
Finalmente, la Contralora Marta Acosta deberá afrontar las preguntas de los diputados sobre los criterios que ha emitido esa institución con anterioridad, en la que deja claros los requisitos para cobrar el incentivo salarial de prohibición, que consiste en compensar al funcionario público para que no ejerza la profesión liberal a la que está habilitado ejercer.
Sin embargo, en el caso de esas dos jerarcas ellas no tenían el grado académico mínimo ni estaban incorporadas al colegio profesional correspondiente, requisitos señalados por la Contraloría para recibir el incentivo.
La Procuraduría General de la República estudia una consulta hecha por la Casa Presidencial para determinar si a una egresada en licenciatura, que no puede ejercer el Derecho, se le puede pagar el plus de prohibición.
El Ministerio de Justicia y Paz, por su parte, consultó si un viceministro, con un grado de maestría en una carrera que no tiene colegio profesional correspondiente debe cobrar el 65% de ese incentivo o bien, debe cobrar un porcentaje inferior, de acuerdo con la Ley de compensación del pago de prohibición.
