San José, 22 feb (elmundo.cr) – Nueve y quince minutos de la noche de ayer. Ana Gabriel Zuñiga, viceministra de la Presidencia aparece en el programa “Decile a mamá que estamos todos bien” del Sinart Canal 13.
La funcionaria, en el ojo de la polémica por cobrar el incentivo de prohibición sin tener los requisitos para ello, utilizó casi veinte minutos para justificar ante los televidentes del programa el por qué percibe ese 65% adicional a su salario base.
Zuñiga reconoció ante Fernando Chironi, presentador del programa que ella no es abogada, sino egresada en Licenciatura en Derecho, más no licenciada. Asimismo, dijo que de los tres casos de viceministras que han cobrado ese incentivo, su caso “es bastante particular, por la complejidad jurídica que se da”.
“Hay normativa que genera excepciones a los egresados en Derecho. Mi pago no es irregular, debe quedar claro. No puede ser una interpretación subjetiva. Al día de hoy, no hay un pronunciamiento sobre mi pago”, dijo la viceministra, repitiendo en múltiples ocasiones que, hasta que no haya criterio de un ente competente, no es correcto decir que la remuneración por prohibición es ilegal.
Además, Zuñiga dijo que ella nunca solicitó el pago del incentivo, regido por la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. “Me fue asignado a partir de los atestados que yo presenté”, declaró. Su afirmación concuerda con lo que la Presidencia de la República dijo el lunes por la noche en un comunicado de prensa, responsabilizando a las oficinas administrativas correspondientes (Recursos Humanos) de los errores en el otorgamiento de ese plus salarial a Carmen Muñoz, viceministra de Gobernación y a Ana Cristina Trejos, viceministra de Vivienda.
En los casos de esas dos jerarcas, la Contraloría determinó que el pago de la prohibición a ambas no estuvo apegado a derecho, ya que las dos carecían de los requisitos académicos mínimos para percibirlo, así como la no incorporación al colegio profesional correspondiente.
Esos dos requisitos son los que la Procuraduría General de la República y la Contraloría General de la República ha reiterado en múltiples ocasiones.
Sin embargo, y aunque ella reconoce que no es licenciada y no está incorporada al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, Zuñiga dice que hasta que no haya una resolución específica sobre su caso, no es correcto decir que el pago del incentivo es ilegal.
Durante su intervención, la viceministra afirmó que la pregunta que se ha estado haciendo la prensa y la ciudadanía es el por qué se le paga la prohibición a una funcionaria que no puede ejercer la profesión laboral, al no tener los requisitos para ejercer.
“No estoy colegiada porque el Colegio de Abogados dice que solo los licenciados pueden colegiarse”, apuntó, señalando de seguido que existe una Ley que dice que a los egresados en licenciatura en derecho se les pagará la prohibición.
Zuñiga dijo que esa Ley es la Ley de compensación por Prohibición, la cual establece que los titulares del Poder Ejecutivo no podrán ejercer profesiones liberales y que por tanto, serán retribuidos con el incentivo.
Sin embargo, lo que la viceministra evitó manifestar en la entrevista es que esa Ley, en caso de aplicarle, establece que su incentivo sería de un 45% y no del 65% que actualmente percibe.
Asimismo, la funcionaria omitió decir que un criterio de la Procuraduría General de la República de setiembre del 2008, el Abogado del Estado dejó claramente establecido que en esa Ley que ella menciona, no existe norma alguna que le permita percibir el incentivo al ser bachiller en derecho.
De las manifestaciones de Zuñiga se desprende que Casa Presidencial justifica su incentivo en dos leyes: la primera que otorga el 65% adicional (que ella cobra), pero que pide que el funcionario sea profesional y esté incorporado al colegio respectivo; y la segunda Ley que dicta que se le reconocerá la prohibición a los egresados de la licenciatura en derecho, aunque no en el porcentaje que establece la Ley contra la corrupción, sino en un 45% para su caso.
Pese a ello, la oficina de Recursos Humanos de la Presidencia de la República le asignó el porcentaje que le correspondería si ella fuera licenciada en derecho y estuviera debidamente incorporada al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, y no el que supuestamente le correspondería si su pago, efectivamente, estuviera sustentado en la otra Ley.
Posteriormente, Zuñiga dijo que la primer información que ella recibió de que la prensa estaba investigando su incentivo fue una solicitud que EL MUNDO hizo al Ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, donde se solicitó el criterio jurídico empleado por Casa Presidencial para pagarle la prohibición a la jerarca, pese a que ella no tiene el grado académico requerido por la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito y el desglose de los pagos por ese incentivo desde que fue nombrada.
“No tengo nada que esconder. Nosotros dimos el descargo y se les dio una entrevista”, dijo.
Seguidamente, Zuñiga manifestó que, en caso de que la Contraloría determine que el pago es irregular, ella devolverá los recursos que ha percibido por prohibición.
“Ya dijeron que hay intención de que vaya a comparecer ante la Asamblea Legislativa. No hay nada que esconder, estoy tranquila. Hay dos mandatos de Ley”, agregó.
Ana Gabriel Zuñiga se irá este miércoles de vacaciones. Ella, según dijo ayer, las solicitó desde el año pasado y sus superiores se las otorgaron, mientras que tras hacerle la consulta al Presidente Luis Guillermo Solís, este le reiteró el permiso dado.
