Cuesta de Moras, 9 mar (elmundo.cr) – La viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zuñiga Aponte afirmó ser “víctima” de los desórdenes administrativos que originaron que se le autorizara el plus salarial de prohibición, que implica un 65% adicional a su salario base.
Zuñiga compareció este jueves en la Comisión del Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, junto a la ahora exviceministra de Vivienda, Ana Cristina Trejos; el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro y la Contralora General de la República, Marta Acosta.
En su exposición, la jerarca reiteró nuevamente en que su pago de prohibición le fue asignado “apegado a la legalidad”, de acuerdo con lo establecido expresamente en Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Publica y la Ley de Compensación por Pago de Prohibición.
Además, manifestó que no procede denominar su caso como uno de pago “irregular o ilegal”, pues no hay pronunciamiento de la Procuraduría General de la República (PGR) o la Contraloría General de la República (CGR) que así lo determine.
Zuñiga dijo que en el año 1994, la Autoridad Presupuestaria dijo que tanto a ministros como viceministros se les debe pagar la prohibición.
“No es casualidad que cuatro oficinas de Recursos Humanos aleguen que es la práctica usual. No es una situación que ha ocurrido en esta administración, sino todo lo contrario”, manifestó, reconociendo además, que sí sabía que se le había asignado el 65% de prohibición a su salario base.
Inclusive, la funcionaria indicó que si estas discusiones, sobre en qué casos procede el pago o no de la prohibición, “si se hubiesen dado en administraciones pasadas, nos hubiésemos ahorrado este golpe a la credibilidad de sistema”.
“Los cuatro jerarcas hemos sido víctimas de la falta de orden en departamentos administrativos. No se trata de señalar únicamente pagos indebidos, debe ser una discusión que señale un sistema opaco, este sistema obsoleto debe ser transformado y es un sistema al que este Gobierno no le ha tenido miedo”.
