San José, 23 feb (Elmundo.cr) – La bachiller en Derecho y Viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zuñiga Aponte, no recibirá más de forma completa el pago de prohibición que le significaban más de 800 mil colones al mes, hasta que “las instancias administrativas ” se pronuncien sobre la legalidad del mismo.
El anunció lo hizo esta mañana el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís en conferencia de prensa. El caso de Zuñiga Aponte salió a la luz pública después de una investigación realizada por EL MUNDO.
“Tras haber conversado con la viceministra de la presidencia Ana Gabriel Zuñiga Aponte y en total acuerdo con ella hemos decidido deje de recibir el 20% de compensación salarial sobre el cual existen interpretaciones discrepantes acerca de si procede o no ese pago, ella no recibirá ese pago de la compensación hasta que las instancias administrativas correspondientes analicen su caso específico y se pronuncien oficialmente”, indicó el mandatario.
Zuñiga, bachiller en Derecho, ha recibido más de 30 millones de colones por concepto de prohibición para ejercer liberalmente su profesión, caso que sería imposible porque en Derecho se ejerce y se incorpora al colegio profesional respectivo con el título de licenciatura, el cual Zúñiga no tiene.
“En caso de que el pronunciamiento concluya que el pago no procedía ella reitera su total disposición de reintegrar los recursos que se le hubieran pagado de más y para que no quede ninguna duda pese a que está de vacaciones, me envió una nota donde consta su decisión de dejar de recibir ese porcentaje de compensación salarial, la viceministra me ha reiterado que hasta el momento ha actuado de buena fe y de acuerdo con la normativa de la jurisprudencia vigente sin embargo renuncia a recibir el monto sobre el cual hay opiniones divergentes como un acto de respeto y prudencia, ante los cuestionamientos existentes”, agregó Solís Rivera sobre el caso.
Ana Gabriel Zuñiga percibe un 65% de incentivo salarial de prohibición, uno que de acuerdo con la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública solo se le puede pagar a funcionarios profesionales y que estén sujetos a ejercer una profesión liberal.
Sin embargo, una investigación de EL MUNDO permitió determinar que Zuñiga cobra ese incentivo sin tener requisitos académicos para ello. Ella, egresada de la licenciatura en Derecho –más no licenciada–, no está incorporada al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, ambos requisitos para poder ejercer el Derecho y por ende, ejercer la profesión liberal.
Zuñiga había dicho que no iba a repensar su pago de 65%, ya que alega que el mismo está sustentado legalmente, no solo por la Ley citada más arriba, sino también por la Ley de compensación de pago por prohibición.
Sin embargo, esa normativa establece que en los casos como el de Zuñiga Aponte, su compensación salarial por prohibición debe ser de un 45%, pero a ella se le asignó el 65% que establece la otra Ley.
Solís Rivera anunció además que ordenó al Ministerio de la Presidencia remitir una consulta formal a la Procuraduría General de la República para que esta determine la legalidad del pago a la funcionaria.
Los pronunciamientos de la Procuraduría son vinculantes para la administración que los solicita y para los demás, constituyen jurisprudencia administrativa.
Por otra parte, el Presidente ordenó al Ministerio de Hacienda “explicar a la ciudadanía y los periodistas” los frecuentes problemas con pagos erróneos que se le asignan a funcionarios.
