San José, 20 sep (elmundo.cr) – El Partido Acción Ciudadana aseveró que, la venta del Banco de Costa Rica es una cortina de humo.
Mediante un comunicado la agrupación afirmó que “recurrir a una medida como la venta del BCR o del INS para pagar, supuestamente la deuda interna, es económica y socialmente contraproducente para el país en el largo plazo”.
“Las utilidades de los bancos estatales, solo en el primer semestre del 2022 alcanzaron más de ₡80.000 millones”, recordaron.
Para el PAC, “los aportes de la venta de estas instituciones contribuirían muy poco en la reducción real del déficit fiscal. Además, nuestro sistema financiero, que adolece de mecanismos de competencia, con la venta del BCR, no se tendría garantía de la reducción de las tasas de interés”.
Ante esto apuntaron a que “recientes estudios e investigaciones acerca del sistema bancario nacional han revelado que el mercado está sumamente concentrado e impone costos muy altos a los costarricenses”.
“Si realmente el gobierno quiere reducir la deuda, entonces debe trabajar en la lucha contra la evasión fiscal y el contrabando; eliminar los portillos para la recolocación de utilidades imponiendo las normas BEPS de la OCDE, continuar y profundizar la ruta para reducir los costos de la deuda mediante los préstamos de apoyo presupuestario y la renegociación en el mercado interno; mejorar las compras del Estado; acelerar la dinamización de la economía para así aumentar la recaudación de impuestos, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y la reducción del endeudamiento público. Para alcanzar esas metas se requiere una banca estatal que dé soporte a esos programas e instituciones a intereses accesibles”, sentenciaron.
En concreto, “¿por qué nos oponemos a la privatización del BCR?”, expusieron:
1. Los bancos públicos son los que más han invertido en bancarizar al país entero. El Banco de Costa Rica cuenta con 226 oficinas y 592 cajeros automáticos, desde Aguas Claras de Upala hasta San Vito de Coto Brus, sitios en los que la banca privada no cubriría puesto que no son rentables desde una óptica de mercado. Los bancos estatales, no solo persiguen el afán de lucro, sino la bancarización y el servicio en sí mismo, que es un interés público. Esto no sucede usualmente con los bancos privados. Costa Rica es el tercer país de América Latina más bancarizado, es decir que cuenta con una experiencia acumulada exitosa y en donde los Bancos Públicos demuestran su valía.
2. El mercado de crédito de Costa Rica es de ¿27,7 billones, por lo que cada punto porcentual de más cobrado en intereses por los financieros privados significaría ¿270.000 millones por año de más que deberían pagar las familias y las empresas (PYMES principalmente). Solo esta última cifra valida cualquier esfuerzo por tener la banca pública que tiene Costa Rica hoy.
3. La venta del BCR, INS y cualquier otra institución pública sería un duro golpe para un desarrollo con equidad. Por ejemplo, las utilidades de los bancos públicos se asignan de la siguiente manera: CONAPE 5%, Comisión Nacional de Emergencias 3%, Sistema Banca de Desarrollo 5%, INFOCOOP 10%, Impuesto de Renta 30% y Régimen de Pensiones CCSS 15%. En otras palabras, con los 1.800 millones de dólares que según el gobierno generaría la venta de las empresas mencionadas, solo se amortiguaría una mínima parte de los 40.000 millones de dólares que representa la deuda del Estado, pero el país sí perdería instrumentos y recursos permanentes que son medulares para el desarrollo. El presidente ha dicho que recurrirá a impuestos para suplir estos fondos, pero cabe preguntar, ¿qué impuestos y quiénes los van a pagar? La falta de claridad de la propuesta pone en duda tanto su aplicación como el apoyo.
“Ante la crisis global que se enfrenta producto de la pandemia, las confrontaciones bélicas y comerciales, el crimen organizado y el cambio climático, el PAC propone y confía que la principal tarea del gobierno sea centrarse en el fortalecimiento de las instituciones públicas necesarias para enfrentar los desafíos que nos demanda el momento y no en debilitar el Estado Social de Derecho”, agregaron.
“Reiteramos nuestro compromiso por la defensa de una institucionalidad pública eficiente, transparente, oportuna y presente en todo el territorio nacional”, concluyeron.
