San José, 18 ago (elmundo.cr) – La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega, lamentó la condena impuesta a los culpables de los femicidios de Allison Bonilla y Luany Salazar.
“Los casos Allison y Luany han tenido penas totalmente injustas. Juzgadas como homicidios simples. Estas son las realidades que cambiarán con el nuevo marco legal de femicidio que acabamos de aprobar. Por la memoria de ambas. Mi solidaridad absoluta con sus familias”, escribió Vega en sus redes sociales.
El Tribunal Penal de Cartago dictó este miércoles una condena de 18 años de prisión en contra de Nelson Sánchez Ureña, al encontrarlo responsable por el asesinato de Allison Bonilla Vásquez, en marzo del año anterior.
Según señaló el tribunal, la mañana de hoy, Sánchez Ureña fue encontrado culpable de cometer el delito de homicidio simple debido a que los jueces no consideraron que hubiese alevosía y premeditación en el crimen, por lo que desecharon la solicitud de la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, que es la que lleva el caso, y que la semana pasada pidió una condena de 35 años por homicidio calificado.
Mediante un comunicado, las familias sobrevivientes de femicidios lamentaron la “absoluta desconexión de los funcionarios judiciales con su deber de proteger a las mujeres de Costa Rica”:
El pasado 12 de agosto las diputadas y diputados, el Plenario Legislativo aprobaron en segundo debate la tarde del jueves, el proyecto de ley de “Femicidio Ampliado”, reformando por segunda vez en lo que va del año, la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres de 2007 y sus Reformas.
Los cambios aprobados amplían el ámbito de aplicación de esta ley para los supuestos contemplados en un nuevo artículo 21 Bis, denominado “Femicidio en otros contextos”, así como, para lo establecido en el segundo párrafo de los artículos 22 “Maltrato”, del 23 “Restricción de Libertad de Tránsito” y del 27 “Amenazas contra una mujer” contemplados en esta ley.
De acuerdo con el texto del nuevo Art. 21 Bis, se aplicarán sanciones privativas de libertad de 20 a 35 años de prisión contra quienes priven de la vida a una mujer por razones de género y, de entre tres meses a diez años, en los casos en los que las conductas de maltrato, restricción a la libertad de tránsito y amenazas contra una mujer se cometan en alguno de los supuestos establecidos en el nuevo artículo.
