Cartago, 23 oct (elmundo.cr) – Se trata de los proyectos hidroeléctricos Bonilla 1320, Bonilla 510 y Torito II. Los dos primeros pertenecientes a la empresa H. Solís sobre el río Bonilla (inscritos a nombre de Hidrodesarrollos del Río Platanares, S.A.) y el tercero de la Junta Administradora del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec) sobre el río Torito.
La Federación para la Conservación de la Naturaleza (Fecon) señaló que esta noticia despierta preocupación entre los habitantes de Turrialba debido a que este cantón es uno de los más explotados para generación hidroeléctrica en todo el país, con un total de diez represas solamente en la cuenca del río Reventazón, a las cuales se sumarían los tres proyectos nuevos.
“Hay que recordar que en este cantón se dio una de las luchas sociales en defensa de los ríos más importantes en toda la historia de Costa Rica, como lo fue la defensa del río Pacuare, en donde en 2005 se realizó un plebiscito en el cual 97% votaron en contra de proyectos hidroeléctricos sobre este río”, agregan.
Los vecinos decidieron organizar un espacio informativo acerca de estos proyectos, el cual se realizó el sábado 13 de octubre en la Sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica, en Turrialba.
A esta reunión se hicieron presentes dos representantes de la empresa H. Solís, quienes presentaron información sobre los proyectos y respondieron las preguntas de las personas participantes, tanto estudiantes como vecinos del cantón.
Entre las principales preocupaciones de las y los turrialbeños está la afectación que sufriría el río Bonilla, una de las pocas zonas en la cuenca del Reventazón en donde los ríos aún están libres.
La empresa ofrece pavimentar el camino que da acceso a esta zona, lo cual resulta claramente atractivo para los pobladores que se dedican a la producción de queso y una de sus limitaciones es el mal estado del camino.
Además, ofrecen destinar un 1% de las ganancias de los proyectos a la Asociación de Desarrollo local.
Ante esto Fecon cuestiona la manera en cómo las empresas se acercan a las comunidades e instrumentalizan sus necesidades en favor de intereses económicos particulares.
“No se justifica destruir los ríos de la zona a cambio de arreglar un camino público, lo cual debería ser responsabilidad de las municipalidades”, aseguran.
Los ambientalistas consideran que construir proyectos hidroeléctricos en esta zona, en vez de contribuir para su desarrollo económico y social, más bien puede agravar su situación de empobrecimiento y exclusión.
