Limón, 27 oct (elmundo.cr) – El desabastecimiento y trasiego de combustibles es un problema para los vecinos de Tortuguero, porque las autoridades los amenazan y persiguen con tal de evitar que almacenen el diésel y la gasolina que necesitan para sus lanchas.
“A diario pescadores y comerciantes de esas comunidades afrontan acusaciones por transportar combustible, decomisan sus embarcaciones y pagan multas injustas”, comentó Rodrigo Alfaro Rojas, gerente del Hotel Tortuga Lodge.
Para llegar a la gasolinería más cercana, un vecino de Barra de Colorado, debe navegar 18 km por el río Colorado y 36 km por tierra hasta Las Palmitas; o bien, viajar 50 km, por vía acuática hasta Caño Blanco.
Con tal de evitar esas peripecias las personas compran el combustible y lo conservan en recipientes o depósitos, ubicados en sus casas, negocios o bodegas; pero corren graves riesgos de explosiones, incendios o todo tipo de percances. En lugar de resolver la situación, como expresa la ley que data del 2012, unas cinco instituciones públicas, encabezadas por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) los vecinos afirman que acosan a los pobladores, los denuncian y amenazan.
Esa regulación fue aprobada para ordenar la comercialización, el almacenamiento y transporte de combustible; en especial frenar la facilidad que tenían los narcotraficantes para transportar la droga. Tortuguero es una región que vive del turismo; esa actividad da empleo a pescadores, mujeres jefas de hogar, emprendedores hoteleros, que deben ingeniarse el abastecimiento de combustible.
El hotelero Alfaro Rojas advirtió que “Tortuguero es tierra de nadie, pero lo es de todos cuando se trata de temas ambientales y el estado es negligente en atender las necesidades de los vecinos”.
“Ahí no solo hay desabastecimiento de combustible, hay abuso de las autoridades por el uso de tierras, no es cierto lo que han dicho que son intrusos o usurpadores del parque”, agregó.
Rojas destacó que “en Tortuguero viven, trabajan y generan riqueza costarricenses de bien, dan empleo a una población olvidada por el Gobierno, donde solamente usa el 0,3 por ciento de la tierra para uso comercial o vivienda, de ese 100 por ciento que tanto se rasgan las vestiduras los ambientalistas”.
