San José, 19 nov (elmundo.cr) – La diputada liberacionista Paola Valladares aseguró que “siguen brotando a la luz las inútiles y cuestionables gestiones de los gobiernos del PAC”.
“Un préstamo de 167 millones de dólares autorizado para que el MEP en un período de 5 años construyera 103 obras de infraestructura educativa ha sido otra burla a los costarricenses”, señaló la diputada.
Valladares explicó que “la primer “mala noticia” que salen las autoridades del MEP y la DIIE a decir es que los 167 millones de dólares no van a alcanzar para cubrir la construcción de las 103 obras inicialmente planteadas, únicamente se podrán financiar 55 obras y que con el remanente de dinero podrán gestionarse la construcción de 7 centros más si la Asamblea Legislativa aprueba el proyecto de ley N°22021, Ley para la Autorización para la Continuidad del Proyecto Construcción y Equipamiento de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública a Nivel Nacional Autorizado por la Ley N° 9124 del 21 de marzo del 2013”.
Además, la diputada expuso que “al traer en audiencia a las autoridades del MEP para que nos expongan el alcance de la iniciativa 22021, viene el segundo balde de agua helada, que por favor NO se apruebe el proyecto, porque resulta que ya no habrá saldo del fideicomiso, sino que más bien ahora falta dinero, porque de las 55 obras que dijeron que iban a entregar hay ocho que aún estaban en construcción pero que ahora están abandonadas porque rescindieron los contratos y deben de volver a adjudicar a costos mayores”.
“Siguen en una fiesta con los recursos públicos y violentando los derechos de la población estudiantil de este país, sobre todo la de las zonas rurales como la de mi querida Turrialba, a quienes hoy les debo dar la mala noticia de que la Escuela de Azul es posible no se pueda terminar”, agregó.
La legisladora recalcó que “como presidenta de la Comisión de Infraestructura he instruido abrir una investigación respecto a este tema donde hay una serie de cuestionamientos sobre los costos tan elevados de las obras, una mala o nula supervisión por parte del MEP, las inconsistencias de los contratos, etc”.
“Acá estaremos pidiendo cuentas, no sólo por la mala planificación sino lo que significa esta inversión no realizada para un sector tan estratégico cómo es la educación de este país”, concluyó.
