San José, 10 jul (elmundo.cr) – La diputada liberacionista, Paola Valladares, se unió al llamado que hacen los gobiernos locales al equipo económico del Gobierno; para que se analice el impacto que va a tener en la economía el recorte del 70% de los recursos destinados a inversión en infraestructura vial cantonal provenientes de la Ley 8114.
“Estos recursos representan desarrollo para las comunidades, representan reconstrucción de las economías locales”, enfatizó la legisladora.
Valladares señaló que “con ese recorte se pone en inseguridad jurídica a las municipalidades que ya tienen compromisos con empresas constructoras adjudicadas para realizar obras, municipalidades que adquirieron créditos con entidades financieras pues tenían como garantía el flujo de ingresos provenientes de la transferencia del fondo vial”.
Además, la legisladora afirmó que dicho recorte “compromete el Programa de Red Vial BID Cantonal II, cuya inversión en esta fase de $144 millones, lo que significa que 170 proyectos requieren de la contrapartida municipal para su ejecución”.
“El Fondo Monetario Internacional ha señalado que la crisis podría ser peor que la del 2008 pues prevé un decrecimiento de la economía global en el 2020 de (-3%), sin embargo, podemos usar las lecciones aprendidas de experiencias pasadas para ayudar a reconstruir la economía y mitigar el impacto negativo de esta pandemia”, comentó Valladares.
Valladares hizo hincapié en que “la inversión en infraestructura ha estado siempre entre los mecanismos y planes de los gobiernos para superar las crisis financieras, y en Costa Rica no puede ser la excepción”.
Para la legisladora, “la inversión en infraestructura promueve el crecimiento, y la industria de la construcción genera fuentes de empleo importantes incluso con mano de obra no calificada”.
“Lo que da lugar a más oportunidades de trabajo a quienes más lo necesitan, es un círculo virtuoso”, aseguró Valladares.
