San José, 21 abr (elmundo.cr) – El Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero, conocido como Centro Penal La Reforma, utilizan un espacio del Centro de Atención Institucional Ofelia Vincenzi para atender privados de libertad enfermos sin contar con permiso sanitario de funcionamiento.
El Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero tiene una población de 3240 privados de libertad, de acuerdo con datos del Ministerio de Justica de 2018.
Esta situación se torna más delicada en momentos en que el país sufre el impacto de una pandemia, con un caso ya confirmado de un policía penitenciario diagnosticado con COVID-19 y con una sobrepoblación carcelaria general de un 30%.
Según el departamento de prensa del Ministerio de Justicia “en algún momento se pensó en la utilización de un espacio del Centro de Atención Institucional Ofelia Vincenzi, el cual se ubica cerca de La Reforma, como clínica, pero en este momento no funciona como tal. El espacio se utiliza para apoyar las diferentes acciones del Área de Salud, cuando así se requiera”.
EL MUNDO recibió varias denuncias por esta problemática, las cuales solicitaron ser confidenciales, pero que narran situaciones como la siguiente: “Hace ya casi 30 días ingresó un privado de libertad con una operación de ortopedia y ante reclamos y múltiples caídas de esa persona y al no tener personal de enfermería en el lugar, el propio centro penal utilizó a otros privados de libertad para asistir al recién operado”.
Otra denuncia recibida dice textualmente: “Nosotros como oficiales penitenciarios estamos para cuidar y proteger, pero carecemos de conocimiento y capacitación para atender pacientes o ayudarlos en sus actividades normales como usar el sanitario o asearse. En lugar de ello se traen a privados de libertad sin conocimiento alguno para que colaboren. Es un riesgo para nosotros, lo insalubre es un riesgo no solo para la persona privada de libertad sino también para nosotros como oficiales penitenciarios. No hay un solo abanico, el calor es insoportable y las visitas médicas inexistentes”.
El mismo Ministerio de Justicia confirmó que el espacio en Centro de Atención Institucional Ofelia Vincenzi, se utilizó para atender a personas afectadas por las paperas.
Consultados varios abogados penalistas, entre ellos el exmagistrado Celso Gamboa, coinciden que el riesgo no es solo para la policía penitenciaria y los privados de libertad, sino que también para los cientos de abogados que entran con medidas de protección totalmente ‘artesanales’.
“El Colegio de Abogados debe pronunciarse en representación de todos los abogados que litigamos en materia penal y exigir que se garanticen las medidas adecuadas no solo para nuestros clientes, sino también para la policía, los familiares que visitan a diario a sus seres queridos en prisión y por supuesto en la integridad de nosotros, los abogados”, indicó Gamboa.
