San José, 3 jun (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes denunció que urge llevar a cabo acciones para poner fin a la violencia contra la niñez ante los niveles de crueldad y ensañamiento que viven en sus propias casas, los cuales no pueden seguir ocurriendo ante la vista y paciencia de la comunidad y la llegada tardía o ineficiente de las instituciones.
Para la Defensoría los abusos, violaciones sexuales, maltrato físico, castigo corporal son tan sólo las manifestaciones más extremas de la violencia estructural que sufren las personas menores de edad y que en ocasiones llevan a su muerte. Si a eso se suman, el maltrato psicológico derivado del abandono y la negligencia de madres, padres y cuidadores, la situación adquiere dimensiones mucho más graves con consecuencias e impactos de distinta magnitud en su vida, integridad y felicidad.
Estas situaciones denotan una problemática aún más inquietante que vivimos como sociedad: la indiferencia, la falta de solidaridad, la normalización de la violencia y la consolidación de patrones egoístas y agresivos en el modelo ciudadano, que afecta, incluso, la vida en los hogares.
Según el ente defensor la sociedad costarricense debe superar el morbo, el desgarre de vestiduras y la evasión de su responsabilidad frente a este problema, para pasar a asumir un compromiso conjunto para garantizar la efectiva protección para quienes viven situaciones atroces bajo un silencio cómplice, impasible y permisivo.
Esto requiere, en primer lugar, asumir la obligación de denunciar casos de violencia contra personas menores de edad, en particular cuando está de por medio su integridad física y su vida, y a contribuir con las autoridades para su investigación y el enjuiciamiento de los o las responsables, agregan.
Costa Rica cuenta con una robusta legislación de protección de las personas menores de edad y con un sistema institucional que, para ser efectivo, requiere de recursos así como voluntad política y social, indicó la Defensoría.
La Defensoría exigió a las instituciones estatales llamadas a proteger en forma integral a las personas menores de edad que cumplan con eficiencia, ética y compromiso su mandato, y que rindan cuentas de su gestión y de los resultados alcanzados. Todas las instancias del Estado deben trabajar intensamente en revertir prácticas y costumbres violentas en la crianza de los niños, niñas y adolescentes.
A las y los funcionarios públicos garantes del deber estatal de protección de las niñas, niños y adolescentes, en especial al sector salud, educación, policial, municipal y al PANI, la Defensoría hace un vehemente exhorto para que cumplan plenamente con su deber frente a cualquier forma de abandono, abuso, negligencia, crueldad y maltrato. Son inaceptables los argumentos de las limitaciones humanas y presupuestarias frente a las amenazas a la vida y la integridad física de quienes no se pueden defender por sí mismos.
La Defensoría pone a disposición de los y las habitantes los siguientes datos de contacto para plantear sus consultas o denunciar cualquier acción u omisión indebidas de un funcionario público o de las instituciones pública para enfrentar la violencia, ninez_adoles@dhr.go.cr, a los teléfonos 4000-8500, 22587373 o en nuestras oficinas regionales: Limón 2758-6361, San Carlos 2460-9313, Liberia 2666-3887, Pérez Zeledón 2770-6454, Puntarenas 2661-6107 y Ciudad Neilly 2783-2640.
