San José, 30 ago (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes considera urgente un nuevo modelo de gestión para la tramitación de bonos de vivienda de interés social, que garantice un rol activo y protagónico del Estado en la definición de las y los beneficiarios.
Defensoría llegó a esta conclusión luego de realizar un análisis crítico y propositivo del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV), con el objetivo de determinar si realmente constituye un instrumento efectivo para el combate de la pobreza.
El Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (Ley No. 7052) se creó con la misión de procurar solucionar el problema habitacional existente en el país, incluido el aspecto de los servicios; está integrado por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, el Banco Hipotecario de la Vivienda y las entidades autorizadas, las cuales son las encargadas de tramitar, calificar y aprobar o rechazar, técnicamente, las solicitudes de postulación al beneficio del Bono Familiar de Vivienda.
Investigación realizada por la Defensoría se enmarcó en un periodo de estudio entre los años 2012 y 2017, se utilizó una muestra probabilística de 40 proyectos de vivienda de los 101 ejecutados en esos años que brindaron solución habitacional a un total de 6607 familias; y se desarrolló en las seis regiones del país: Central, Pacífico Central, Chorotega, Brunca, Huetar Norte y Huetar Caribe-Atlántica.
Entre los hallazgos de la investigación se demostró: que no hay un rol protagónico del Estado en la definición de los futuros beneficiarios; no existe un registro real y actualizado a nivel país, donde se ubique en forma espacial la mayor necesidad de vivienda para familias de extrema pobreza; de acuerdo a lo señalado por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos tampoco hay un registro actualizado del número exacto de precarios a nivel urbano y rural; y que de acuerdo a las 498 entrevistas realizadas por la Defensoría se evidenció que habían casas abandonadas, alquiladas, prestadas o mejoradas en el corto plazo a partir de su entrega.
En el informe final con recomendaciones, dirigido al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y al Banco Hipotecario de la Vivienda, la Defensoría de los Habitantes recomendó, entre otras cosas, fortalecer el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, a partir de un rol protagónico de las instituciones competentes, con cambios en su modelo de gestión para que sea accesible a la población que se encuentra en condiciones de pobreza.
Asimismo, que se analice la situación particular de grupos vulnerables como el de las personas adultas mayores, de tal forma que se reforme el Reglamento para la Tramitación de Bonos Familiares de Vivienda a Personas Adultas Mayores Solas, y se permita la permanencia de una persona acompañante del beneficiario directo del bono.
Por último, la Defensoría señaló la importancia de implementar mecanismos paralelos de supervisión y fiscalización, que garanticen que las empresas desarrolladoras y las Entidades Autorizadas realizan una adecuada labor en la tramitación de proyectos de vivienda y bonos individuales.
