San José, 5 jun (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes ha emitido una alerta sobre la necesidad de reforzar las medidas económicas en favor de las personas adultas mayores, quienes enfrentan discriminación, desigualdad, pobreza y desempleo, según sus recientes investigaciones.
La investigación de la Defensoría evidenció que Costa Rica carece de datos sobre el uso de servicios financieros por parte de este grupo de habitantes, lo que “limita su incorporación y favorece prácticas abusivas”, como los préstamos informales, el acoso y el hostigamiento por cobro de deudas.
“El país cuenta con normativa interna que le permite garantizar el acceso al mercado de seguros a la Población Adulta Mayor”, afirmó la Superintendencia de Seguros (Sugese).
Por su parte, la Oficina del Consumidor Financiero (OCF) informó que se discute un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para proteger los derechos de los consumidores de productos financieros, el cual debería incluir un apartado específico para la población adulta mayor, según la Defensoría.
El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) recibió la recomendación de adoptar medidas para “garantizar a las personas adultas mayores acceso al crédito en condiciones preferenciales”, según lo establece la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor. También se solicitó elaborar un proyecto de ley para otorgar una pensión mínima inembargable.
La Defensoría solicitó a la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) y al Infocoop promover procesos de debida diligencia para prevenir y mitigar el impacto en la población adulta mayor en temas como atención prioritaria, acceso a información financiera y tolerancia cero al acoso cobratorio.
La Superintendencia General de Valores (Sugeval) prepara un proyecto de ley para reforzar los aspectos regulatorios y sancionatorios.
