San José, 12 mar (elmundo.cr)- Si Costa Rica quiere concluir el proceso de ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que inició en el 2015, deberá redoblar los esfuerzos principalmente en el Congreso de la República.
Así se desprende del último estudio elaborado por la Academia de Centroamérica, bajo el nombre de “El proceso de ingreso de Costa Rica a la OCDE”, a cargo de los investigadores y economistas Miguel Loría y Josué Martínez.
Se trata de proyectos de ley relacionados con políticas de inversión, competencia, cohecho, gobierno corporativo, mercados financieros, gobernanza pública, política ambiental, análisis económico del desarrollo, estadísticas y pesca.
Para su ingreso a la OCDE, Costa Rica debe obtener una opinión formal en 22 comités de evaluación, de los cuales a la fecha se cuenta con 12.
La OCDE es una entidad internacional de naturaleza no financiera que tiene como objetivo central promover la adopción de las mejores prácticas y reformas que conlleven a un desarrollo inclusivo y sostenible de los países. Hoy está conformada por 37 países.
“Sin duda, se trata de un proceso complejo, que toma tiempo, pero requiere de voluntad y capacidad de los estados para afrontar los desafíos que se presentan e ingresar a un grupo de países que funcionan bajo las mejores prácticas internacionales, que mantienen altos niveles de crecimiento económico y social y un compromiso con el desarrollo inclusivo”, afirma el economista e investigador Miguel Loría.
Dentro de los 10 temas pendientes, destaca una reforma a la ley vigente de promoción de la competencia y su autonomía e independencia política, financiera y administrativa con respecto al Poder Ejecutivo.
La reforma es crucial para garantizar un mayor grado de competencia en los mercados. La ley existente se creó hace 25 años y no ha sufrido actualizaciones.
Los investigadores de la Academia concluyen que esta es el área donde hay mayor brecha entre los estándares de la OCDE y la realidad costarricense.
El proyecto de reforma fue presentado ante los diputados desde el 2016, pero aún no se aprueba. Actualmente está en proceso de socialización para luego ser estudiado por la Comisión Especial Legislativa para estudiar y dictaminar los proyectos de ley relacionados con el ingreso a la Organización.
Otro de los proyectos fundamentales y que aún está pendiente de aprobación es el que garantiza la autonomía del Banco Central de Costa Rica (BCCR) en la conducción de la política monetaria mediante cambios en la conformación y nombramiento de su Junta Directiva.
OCDE ha señalado que en Costa Rica hay prácticas que se alejan de las más sanas, por ejemplo, la sincronía entre el nombramiento del presidente del Banco Central y el ciclo presidencial y la ausencia de reglas claras para su despido.
En relación con el tema de gobernanza pública, Costa Rica enfrenta el reto de una administración fragmentada. Un gran número de instituciones con mecanismos de rendición de cuentas limitados, que en la práctica han ido perdiendo funciones, personal y presupuesto. El Gobierno presentó al Congreso tres proyectos de ley que buscan atender las recomendaciones de OCDE en esta materia.
