San José, 19 nov (elmundo.cr) – Mientras que universidades, economistas y hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) han dado razones técnicas para aprobar el proyecto de eurobonos por $6000 millones de dólares, diputados de Liberación Nacional y del Frente Amplio se han opuesto férreamente.
La Universidad de Costa Rica (UCR), recomendó a la Asamblea Legislativa la aprobación del proyecto 23.036 “Autorización para emitir títulos valores en el mercado internacional y contratar líneas de crédito”, que busca darle potestad al Poder Ejecutivo para colocar títulos valores en el mercado internacional por $6.000 millones.
Según el acuerdo tomado por el Consejo Universitario la recomendación consiste en aprobar esos $6.000 millones de eurobonos “para satisfacer las necesidades de financiamiento del Gobierno de Costa Rica y sustituir los vencimientos de deuda externa en el periodo 2023-2026”.
Mientras que la Universidad Nacional (UNA) señaló que la aprobación de los eurobonos requiera de 38 votos en la Asamblea Legislativa “complica la discusión de forma importante”.
El economista Fernando Rodríguez, coordinador del Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA), explicó que “esta solicitud de colocación de deuda en el exterior se está haciendo para poder cubrir un vencimiento de $1000 millones de deuda externa que se dará en el mes de enero, a lo que se suman poco más de $500 millones de deuda interna en dólares que se vencerán a lo largo del 2023”.
“Si el país tuviese que tomar $1000 millones del mercado financiero local para cubrir un vencimiento de deuda externa, la presión que esto provocaría en el tipo de cambio podría ser importante y podría tener como consecuencia una devaluación importante, aún y cuando el actual gobierno ha indicado que ya cuenta con un pre-fondo parcial de esos recursos. El vencimiento de deuda de enero es un hecho, no lo vamos a evitar, en ese sentido la discusión no debería ser eurobonos sí o no, sino eurobonos cómo”, aseguró.
Según Rodríguez colocar deuda en el extranjero “evitar presionar por recursos en el mercado financiero local, que podrían empujar aún más hacia arriba las tasas de interés locales. Y, finalmente, la idea es no presionar más el tipo de cambio cuando se dan situaciones como las que tenemos que enfrentar en enero, con una gran concentración de vencimientos en un periodo muy corto”.
“Otro aspecto importante es que las colocaciones de deuda bonificada en el exterior, tanto las que se están solicitando ahora como las que se pidieron en el pasado, son parte de las necesidades de deuda que ya de por sí tiene el gobierno central costarricense, o sea, si no la colocamos fuera igual tendríamos que endeudarnos internamente”, sostuvo.
Mientras que Rodrigo Alberto Calvo Bodán, de la Oficina de Planificación Institucional y Área de Gestión de la Información del TEC, comentó que “la autorización de la emisión de los eurobonos por los $ 6.000 millones de dólares, generaría mayor confianza sobre la estabilidad de las finanzas públicas. Lo anterior podría traducirse, por un lado, en mejoras en su calificación de riesgo y en el spread y por otro lado en un elemento que impulse a los agentes privados a aumentar su producción e inversión en el país”.
El economista Gerardo Corrales señaló que «el Dictamen de Eurobonos de mayoría por $6 mil millones emitido en Económicos por los diputados Carolina Delgado; Gilberto Campos; María Marta Carballo; Ada Acuña y Olga Morera es técnico; justificado; oportuno; necesario y cuenta con el apoyo de la Misión del FMI».
«Permite que el gobierno tenga un horizonte claro de financiamiento parcial de sus necesidades en dólares por servicio de la deuda por los próximos cuatro años, sustituyendo deuda interna cara y de menor plazo y liberando recursos internos para las familias y empresas», aseguró.
Por su parte, Vidal Villalobos, asesor económico de Grupo Prival, manifestó que “el colocar en el mercado internacional el país recibe un voto de confianza de los inversionistas lo que facilita la activación de otros mecanismos”. Añadió que, en este momento, pensar en un Plan B implica comprometer el futuro del país.
“El primer impacto será una paralización del flujo de capitales. Esto tanto para el gobierno como para las empresas. Esta situación provocaría que la economía se entrampe y no haya crecimiento ni reducción del desempleo y la pobreza. Vendría, además, un aumento en las tasas de interés que afectarían a los deudores, sean estos familias, personas o empresarios”, explicó Villalobos.
Juan Pablo Arias, economista de la Bolsa Nacional de Valores (BNV), añadió que el país también podría caer en un riesgo importante de impago. Esto al no tener la liquidez suficiente para cancelar las obligaciones del Gobierno.
“Esta situación implicaría un golpe muy fuerte en términos de reputación. En el mercado de valores se podrían paralizar las transacciones u operaciones por un aumento súbito del riesgo. Además, se podría paralizar el dinamismo de la economía y caer en un severo bache”, aseveró.
La jefa de misión del FMI, Manuela Goretti, explicó que a nivel técnico apoyan la propuesta del Gobierno para la emisión completa de $6 mil millones de eurobonos.
Goretti a inicios de octubre durante una visita al país, explicó que «el tema de los eurobonos para nosotros es un tema técnico, no es posible gestionar adecuadamente la deuda pública si el gobierno no tiene la flexibilidad de ir a los mercados cuando es el momento más favorable».
«En términos de tasas, en términos de oportunidad, eso crea una incertidumbre que no es útil y que no es en línea con lo que hacen todos los otros países soberanos para gestionar de manera efectiva esa deuda, y que la tasa de interés y costo de los intereses mucho más elevado», agregó.
Para Goretti «a nivel técnico el problema es que una vez que la Asamblea Legislativa tiene aprobado el proyecto de eurobonos el gobierno necesita tiempo para organizar el proceso para la colocación de la deuda, eso requiere más o menos 2 meses».
«El gobierno necesita la flexibilidad de identificar la ventana mejor para Costa Rica para ir a los mercados», sostuvo.
Mientras que del otro lado, la diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén, aseguró que “con $3.000 millones basta para estabilizar las tasas y cubrir las necesidades hasta el 2025”.
“Lo que pedimos es que incluyan requisitos anti fraude fiscal como Hacienda Digital y la colocación de escáneres en aduanas antes de la segunda emisión en 2024”, sostuvo.
Los diputados que se oponen a este proyecto pasaron de exigir que solo se le aprobara $1500 millones, a tener ahora una propuesta de $3000 millones, luego de que en la Comisión no lograran aprobar el monto más bajo.
Varios diputados de Liberación Nacional, como es el caso de Dinorah Barquero, han asegurado que el Gobierno no necesita que se le apruebe el monto que solicita, además han manifestado dudas de la forma en que el Ejecutivo va a manejar los recursos.
Esto se suma a la excitativa del expresidente José María Figueres a los diputados liberacionistas de no apoyar ninguna propuesta del Gobierno, pues les podría afectar en las elecciones municipales.
Sin embargo, Jorge Patiño, asesor financiero de Prival Bank, dejó claro en una entrevista de La República, que aprobar los $6000 millones no es darle una carta en blanco al gobierno.
“El control del gasto se puede hacer todos los años en la discusión del presupuesto. Ahí es donde se autoriza cuánto se gastará y cuánto se tiene que pedir prestado”, explicó.
Patiño aclaró que “dónde emitir la deuda, si localmente o vía deuda internacional en los mercados financieros globales, debería ser un análisis técnico por beneficio de todos los costarricenses que somos los que pagamos la deuda, no debería ser para uso del circo político con personas que por nivel técnico no entienden esto”.
