San José, 24 ago (elmundo.cr) – El Consejo Universitario de la Universidad Nacional (UNA) anunció su posición en contra del proyecto de Ley impulsado por el Gobierno, que pretende reactivar la pesca de camarón mediante arrastre, y desmintió que lo esté apoyando.
Dicha técnica fue prohibida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante la sentencia 2013-010540, por ser gravemente dañina para el ecosistema marino.
De este modo, el proyecto ya tiene la oposición de pescadores, ambientalistas y universidades, pese a que el Gobierno afirmaba que estos estaban a favor.
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El pasado 21 de julio, el Consejo Universitario de la UNA adoptó la posición en contra de la iniciativa de Ley, que se tramita en el expediente 19.838.
De ese modo, la Universidad desmintió una información emitida mediante el sitio de noticias de Casa Presidencial, Gobierno.cr, en el que afirmaban que académicos de la UNA habían avalado ese proyecto de Ley.
“Por las razones expuestas el Consejo Universitario de la Universidad Nacional (…) comunica a la opinión pública que no está de acuerdo con los alcances, el fondo y el proceso seguido en la elaboración y la culminación del Proyecto de Ley para el Desarrollo y Aprovechamiento Sostenible del Camarón en Costa Rica, tampoco con el desconocimiento del envío a la Asamblea Legislativa, ni con las manifestaciones expresadas en la prensa nacional de que dicho proyecto ha contado con el apoyo del sector académico”, dice el acuerdo de Consejo Universitario.
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Para ello tomaron en consideración que el estatuto orgánico de la UNA tiene como principio la responsabilidad ambiental y que desde hace más de 30 años, la universidad ha venido generando información en relación con el estudio y conocimiento de los recursos marinos de Costa Rica.
“La Universidad Nacional es consecuente con su principio de responsabilidad ambiental y respalda en todos sus términos los resultados de investigaciones realizadas por la Escuela de Ciencias Biológicas y la Escuela de Economía acerca de los recursos pesqueros, marinos costeros y especies de interés comercial, cuyos resultados han generado conocimiento social, económico y ambiental”, dice uno de los considerandos de la posición adoptada por esa casa de enseñanza superior.
La Escuela de Economía de la UNA había advertido que la captura y comercialización del camarón genera solo 590 empleos, de los cuales 81 son calificados, relacionados con gestiones administrativos.
“La mayoría son de baja calificación, sobrepasan los de calidad media y las contrataciones son temporales y parciales (horas y días), mayoritariamente de tres días y, esporádicamente, de cuatro a cinco días, esto se justifica por las características de la actividad de captura del camarón. Además, la cadena de camarón genera ingresos distribuidos asimétricamente; por consiguiente, el reto es lograr un mayor valor agregado con el uso del camarón para ofrecer al empleo existente mejores oportunidades en materia de remuneraciones salariales, lo cual implica la creación de nuevas estrategias de pesca enfiladas a un desarrollo sostenible con soluciones de equilibrio ambiental y socioeconómico”, detalló la Universidad.
Precisamente, la Sala Constitucional empleó como base para declarar la inconstitucionalidad de la pesca mediante arrastre, investigaciones hechas por la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica y el Instituto Tecnológico de Costa Rica.
